Cerco a Robador

Texto: Masala / Ilustración: Eli Moretó / Infografía: Silvio García | 07/03/2016

 
El último ciclo de inversión pública y desinversión privada en las calles de Robador y Sant Ramon ha dejado en evidencia el verdadero carácter de los supuestos beneficios del capital inmobiliario tras casi tres décadas de reforma urbanística. El Ayuntamiento ha pagado el sobrecoste de rehabilitar unos edificios degradados por la inversión especulativa.
 
Robador Elii

Los folletos que ofertan siete promociones de viviendas de alquiler en Ciutat Vella, cinco en el Raval y dos en Santa Caterina, tras la adquisición por el Ayuntamiento de sendos edificios, hablan de «viure al rovell de l’ou» (sic). Esa metáfora rimbombante, es una especie de distanciamiento publicitario que convierte Ciutat Vella en algo abstracto, una mancha dentro de una mancha, un lugar donde perfectamente podría no vivir nadie. Porque si algo hace la última acometida sobre las calles Robador, Sant Ramon y su entorno, es negar y excluir a quienes residen actualmente en el barrio. Invita a irse a vivir allí, pero no invita a quedarse a quienes ya están. Así de clara es la ex regidora Mercè Homs en un vídeo promocional: «No estem fent pisos per reallotjar gent de l’entorn sinó que, al contrari, s’han fet pisos amb lloguer assequible per què gent de la resta de la ciutat pugui venir a viure a Ciutat Vella».1

Una vez más, la rehabilitación de edificios y viviendas no se ha concebido para mejorar sus condiciones de vida, sino como parte de una estrategia para su expulsión, si es necesario, casa por casa: «Es tracta ara d’intervenir a través del “porta a porta”, ja que en alguns casos l’activitat privada als habitatges pot tenir efectes en l’espai públic i la convivència».2 El discurso y el operativo político y burocrático desplegados en la enésima intervención sobre Robador tratan a sus habitantes como fantasmas, en la medida en que ignoran su existencia, o como animales, en la medida en que expresan la voluntad de erradicar su presencia. Estos calificativos utilizaba el trabajo de campo de GESOP3 realizado para la diagnosis de la denominada «Àrea de Conservació i Rehabilitació Sant Ramon-Robador»: «okupa», «esquizofrènia», «meublé», «segons una veïna és un prostíbul», «pis fet una porqueria», «persona amb síndrome de Diògenes», «diversos romanesos»…4

Finura sociológica pagada con dinero público que, como denunció en su momento la asociación Genera, vulnera en varios casos la ley orgánica de Protección de Datos, no sólo en lo que toca a la intimidad sino a información especialmente protegida como la de carácter sanitario. Una brutalidad que bien resumió el ex alcalde Xavier Trias: «El Ayuntamiento ha comprado 110 viviendas en las calles Robador y Sant Rafael [sic]5 para restaurarlos y convertirlos en pisos de alquiler a precio social; y si ponemos pisos para gente normal esto irá cambiando».6 Quienes, como Trias, no sólo tienen poder político y económico casi desde la cuna, sino también poder mediático y simbólico para conceder qué grados de humanidad merece cada cual, deciden con esa misma naturalidad los «costes sociales» que pagar por una operación inmobiliaria.

Tercera fase del cerco a Robador

Lo que en 2011 comenzó con la declaración del Àrea de Conservació i Rehabilitació Sant Ramon-Robador, y que luego continuaría con el Pla Dintres y el señalamiento de esta zona, en el Pla d’Usos, como Àrea de Tractament Específic, es inseparable del conjunto de la violencia urbanística aplicada sobre el Raval en los últimos treinta años.

Estas tres intervenciones arrancan entre 2011 y 2012, coincidiendo con la finalización de la Filmoteca y la plaza de Salvador Seguí, que culminaron la operación Illa Robador. La primera y segunda fase del asedio a esta parte del Raval sur —por un lado la destrucción protagonizada por el Ayuntamiento y, por otro, la violencia inmobiliaria del capital privado a través de la burbuja de precios y el mobbing— se produjeron de manera superpuesta e ininterrumpida desde el comienzo de las primeras demoliciones, en el 2000, hasta la inauguración de la Filmoteca doce años después. Eso sin contar el efecto en el entorno de los derribos y la especulación asociada a la construcción de la Rambla del Raval, que ya habían empezado unos años antes.

Pero en el 2012, ni por obra de la excavadora, ni por el acoso físico y psicológico dentro y fuera de las viviendas, ni por arte de magia de la ordenanza cívica, se había cumplido todavía ese malparido sueño de un Ravalborn. La población trabajadora, las situaciones de pobreza estructural, la actividad de la prostitución y el creciente arraigo de la población migrante no habían impedido la destrucción social y urbana de la reforma, pero sí habían encallado ese barrio de telefilme turístico y recortables de Jordi Labanda, proyectado por el sueño maragalliano y compartido por Trias el Breve.

L’Àrea de Conservació i Rehabilitació Sant Ramon-Robador

La denominada «Àrea de Conservació y Rehabilitació» (ACR) fue el primer intento del gobierno de CiU de dar continuidad a la reforma. El objetivo era el mismo pero el contexto había cambiado. La era de los derribos se daba por finalizada, y en el momento en que se planteaba la ACR los discursos del desarrollismo y el triunfalismo inmobiliario habían reventado junto con la burbuja. Se hablaba, con aires progresistas, del «cumplimiento de la función social de la propiedad» (la figura de las Àrees de Conservació i Rehabilitació forma parte de la Llei del Dret a l’Habitatge promovida por ICV durante el último tripartito de la Generalitat), y se dotó de herramientas como la declaración de zona de tanteo y retracto —derecho de compra preferente— y la expropiación, concebidas para atajar los abusos de la propiedad privada. Pero, como veremos más adelante, los propietarios de las fincas han acabado saliendo mejor parados que sus inquilinos y, como hemos leído en las citas del trabajo de campo, más que una política de protección social se articuló una geografía de la población expulsable. Se ha utilizado una ley, en teoría concebida para proteger el derecho a la vivienda, precisamente como un pretexto para planificar y ejecutar el desahucio de decenas de familias en situación de precariedad.

El diagnóstico de la ACR se refiere a un «nivell de renda per llar baixa, al mateix temps que un baix nivell d’estudis, desigualtats socials i exclusió social important. Gent gran amb contractes d’arrendament antics conviuen amb gent jove d’origen extracomunitari que s’ha instal·lat a la zona i comparteix habitatges amb altres adults immigrants (57% de població estrangera, per sobre la mitjana del conjunt del barri). Tot aixó comporta sovint problemes de gestió de comunitats i dèficits de manteniment». El informe habla de 1675 personas empadronadas y reconoce que en el 92,5 % de los casos las viviendas y locales están en uso; que en el 98 % de los contactos hechos para el trabajo de campo se trata del «domicilio habitual»; y que el 74,2 % de las personas contactadas está en régimen de alquiler.

Dicho esto, la diagnosis dibuja tipos criminales mezclando realidades diferentes en el saco de las «problemàtiques de caràcter social com ara delinqüència, drogues i prostitució». Y apunta a matar: «En els àmbits on es concentra major proporció d’edificis amb mal estat és on es donen més problemàtiques d’aquest tipus». No se argumenta la supuesta relación causa-efecto de esta afirmación, pero no importa; el fin es generar un marco político y operativo para la expulsión paulatina de población.

Efectes del Pla Dintres

El Pla Dintres —que amplía su ámbito de actuación más allá de Robador y Sant Ramon, pero que concentra en estas dos calles la mayoría de sus intervenciones— pone en práctica lo que la ACR había puesto sobre el papel. En sus intenciones el plan se propone velar «pel destí de les persones que viuen en aquestes llars i que es poden veure afectades per les obres a realitzar. En el cas dels llogaters, si s’escau, es fa una mediació per tal de poder garantir el reallotjament temporal d’aquests per part del propietari de l’habitatge. Així mateix, es treballa coordinadament amb l’Oficina de l’Habitatge de Ciutat Vella en casos de mobbing».7 Es cierto que en su balance ha impuesto multas por más de 800.000 € a propiedades que incumplían con los deberes de mantenimiento y rehabilitación de la finca, pero respecto a las consecuencias sociales de la actuación, los datos oficiales dejan algunos vacíos importantes.

Según la memoria 2014 del plan, entre 2012 y 2014 se declararon inhabitables cuatro edificios con un total de cuarenta y tres viviendas, pero los únicos datos ofrecidos sobre la situación de los inquilinos son éstos: «S’han detectat 2 casos de síndrome de Diògenes que han estat posats en coneixement dels Serveis Socials per al seu tractament. S’ha garantit el reallotjament de 6 famílies i s’ha vetllat en els processos de rescissió de contracte per la indemnització corresponent en altres 8». De cuarenta y tres viviendas sólo conocemos la situación de 16 unidades familiares. ¿Qué sabemos del resto? El informe apostilla que, durante el proceso «el Pla ha impulsat la posada en ordre de situacions d’ocupacions il·legítimes, contractes vençuts o impagaments, els propietaris que fins al moment no havien actuat o els nous propietaris inicien en aquests casos els processos de regularització de les finques».

Por una parte, aquí se obvia la realidad misma de una calle como Robador, en la que se ha considerado «ocupación ilegítima» que quien habite la vivienda sea alguien diferente al titular del contrato de alquiler; algo habitual entre la comunidad migrante que, en muchos casos, no puede formalizar un contrato a su nombre por su situación irregular. Por otro lado, para la memoria del Pla Dintres el mobbing, pese a que se cita como uno de los fenómenos que evitar, ha desaparecido. No se ofrecen datos sobre fincas donde se hayan detectado casos de acoso inmobiliario, y cuando se señalan la existencia de «impagos» no parece que se haya investigado uno de los mecanismos más utilizados en casos de mobbing: la negativa de la propiedad a cobrar el alquiler.

En general, la memoria del Pla Dintres, ofrece información demasiado vaga. Por ejemplo, en los ocho casos sujetos a indemnización, no sabemos si estas familias quedan en condiciones de cubrir sus necesidades habitacionales a largo plazo tras la rescisión forzosa del alquiler. Tampoco sabemos qué pasa con el 63 % de las viviendas sobre las que no se da referencia alguna de la situación de sus habitantes y su destino posterior al desalojo.

Robadors web

L’Àrea de Tractament Específic

La aprobación exprés del Pla d’Usos de 2013, antes de que el anterior hubiera tenido tiempo siquiera de un mínimo rodaje, declaró Robador, Sant Ramon, Marquès de Barberà y entornos, como Àrea de Tractament Específic (ATE). Si el Àrea de Conservació i Rehabilitació y el Pla Dintres estaban destinados a actuar sobre el tejido inmobiliario y vecinal, creando mecanismos de expulsión social; la ATE no tiene otro fin que poner el tejido comercial de la zona a disposición de la industria turística: «Queda autoritzada la implantació de nous restaurants amb cuina pròpia i amb un mínim de 50 m2 de superfície a les següents».8 Podríamos decir que en esta frase se resume la política en materia comercial para esta zona, pero no es un resumen, es la única aplicada.

El Ayuntamiento absorbe los costes del abandono y la especulación

En este contexto, el Ayuntamiento ha reforzado su papel de principal propietario de la zona, adquiriendo fincas mediante expropiación o compraventa. Desde 2011, ha adquirido nueve edificios, pasando de poseer entre cuatro y seis —hay dos fincas, los números 17 y 14 de Robador, cuya propiedad no hemos podido verificar— a, en la actualidad, como mínimo trece.

De las fincas que hemos podido documentar, en concreto las siete adquiridas —vía compraventa o expropiación— durante el primer trimestre de 2015, cuatro lo han sido a un precio por debajo del de mercado9 y tres de ellas a precio de mercado. Pero este dato puede resultar engañoso si tenemos en cuenta los costes de rehabilitación de los edificios, en la mayoría de los casos degradados por el abandono por parte de la propiedad misma.

En el caso emblemático de Sant Ramon, 1, conocido públicamente por albergar el Bar Marsella, el coste de la rehabilitación (1.100.000 €)10 es superior al precio pagado en la compraventa (1.093.000 €). Así, si bien el precio de compra es de 980 €/m2, en realidad al Ayuntamiento le ha salido la operación por 1967 €/m2, tras absorber el coste de la irresponsabilidad endémica de los antiguos titulares. Algo semejante ocurre con Robador, 43, donde el valor de la rehabilitación (1.000.000 €) es notablemente mayor que el precio pagado por la finca (590.000 €). En este caso, si bien el precio de la adquisición es de 833 €/m2, el coste total para el Ayuntamiento es de 2245 €/m2.

Un caso muy especial es el de Robador, 33, finca protagonista de uno de los más flagrantes casos de mobbing conocidos en la ciudad, y sobre la que precisamente se dictó una de las primeras sentencias por acoso inmobiliario. El Ayuntamiento ha pagado por ella 1.782.038 € asumiendo, aparte, las indemnizaciones a las personas realojadas.

Otro caso singular es el de Robador, 25, éste sí, pagado a precio de mercado (1.700.000 €, 1559 €/m2), a pesar de ser una finca en serio estado de degradación. Aquí podemos pensar que estamos ante un precio político, ya que el hecho de que en el edificio se ubicaran algunos meublés lo convertía en objetivo de primer orden para el consistorio, único motivo que puede justificar la diferencia del precio por metro cuadrado respecto a otras fincas en estado semejante y en algunos casos de mayor tamaño.

A la luz de estos números cabe hacerse algunas preguntas. Es posible que estemos ante un coste necesario de asumir para recuperar un tejido habitacional degradado por unos inversores y propietarios privados que años atrás eran presentados como la panacea de la regeneración urbana. Pero esto queda en tela de juicio, visto que la absorción por parte del Ayuntamiento de los costes de la especulación, en realidad, viene acompañada de una expulsión de población o de una política de acoso social, concretamente a las mujeres que ejercen prostitución.

Más a fondo, y en perspectiva, el conjunto impugna la política urbanística de los últimos treinta años, en sus dos figuras centrales en el barrio del Raval: las operaciones Rambla del Raval e Illa Robador. El rastro dejado por los inversores inmobiliarios, que supuestamente iban a «renovar» y «revitalizar» la zona, es en numerosos casos el de un tejido inmobiliario seriamente degradado, acompañado de un empeoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. Se gastaron millones de euros en expropiar, destruir y expulsar; y durante doce años se mantuvo un cerco urbano sobre Robador y sus alrededores para construir una nueva «Illa» y revalorizar las propiedades de esos mismos inversores. Lo que cierra el círculo es un Ayuntamiento que absorbe el coste económico de la destrucción y la degradación producidas por las prácticas especulativas. Un éxito más bien macabro, el sello de la marca Barcelona en Robador y Sant Ramon.

 

Robador y Sant Ramon, continuidad o ruptura

Las calles de Robador y Sant Ramon han sido claves de la reforma urbanística, con la violencia inmobiliaria que la ha acompañado. En su entorno se han desarrollado los grandes hitos de un proceso de destrucción, reurbanización y expulsión social, cuyas secuelas están todavía por estudiar: los primeros derribos se llevaron a cabo en lo que hoy es la plaza Pierre de Mandiargues, la principal operación de la segunda fase fue la apertura en canal de la Rambla del Raval, y la carrera culminó con la operación Illa Robador y la inauguración de la Filmoteca de Catalunya.

Junto con la desenfrenada acción especulativa de los inversores privados y el mobbing que la acompaña, allí se han aplicado unas políticas de penalización social basadas en la presencia policial y en el acoso administrativo a través de la ordenanza cívica sobre el vecindario con menos recursos, las distintas manifestaciones de pobreza y las mujeres que ejercen prostitución. Esto se produce en una complejidad social, en la que una parte del vecindario reclama radicalizar más una política fracasada como solución a un conjunto de cuestiones de convivencia —usos del espacio público, ruidos, basuras, tejido comercial…—, y otra parte ve vulnerados sus derechos de manera cotidiana como chivo expiatorio social, político y mediático.

Más allá de las diferentes percepciones, opiniones o diagnósticos sobre la realidad, lo cierto es que, después de treinta años de incesantes intervenciones sobre el territorio, y de prácticamente una década de ordenanza cívica, ni siquiera los sectores más partidarios de radicalizar la política de siempre pueden estar contentos. Parece que lo más razonable es una ruptura con las políticas de siempre.

Casi a punto de cerrar el número 71 de Masala, la regidora Gala Pin, durante años colaboradora de este medio, anunciaba la ampliación, a cuarenta y siete, de las fincas sujetas al derecho de tanteo y retracto (derecho de compra preferente), para continuar con la actuación del Pla Dintres. Se anuncia también, para la próxima primavera, un nuevo Pla d’Usos o una reforma del actual, sin que aún se conozcan las líneas estratégicas de actuación. Movimientos cuya dirección depende de la acción política concreta, y que deben responder a la confrontación clara entre continuidad o ruptura respecto a la política aplicada hasta ahora en la zona.

Robador Propiedades

Robador, 29, criminales intocables

Si algo permanece inmutable en Robador es la finca número 29, escenario entre 2001 y 2008 de un caso de mobbing extremadamente violento, y cuya propiedad parece intocable. El caso de Manel González fue durante mucho tiempo un símbolo de quienes plantaron cara al acoso inmobiliario. Su voluntad de denunciar el maltrato sistemático por parte de la propiedad —corte de suministros, obras de empeoramiento de la finca, amenazas…— y su pelea judicial para poder ejercer el derecho de compra sobre su vivienda pusieron en la agenda pública un problema estructural del modelo Barcelona y una situación insostenible en el Raval y Ciutat Vella.

Junto con Manel, el resto de habitantes de la finca sufrieron, además de la agresión cotidiana, la propia inacción de las administraciones. Sus interpelaciones, apoyadas por colectivos como el Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística o la Coordinadora contra la Especulación del Raval, exigiendo acciones como la expropiación, la ejecución municipal de la rehabilitación de la finca cargando los costes a sus titulares o el inicio de acciones penales contra éstos nunca fueron escuchadas. Sólo durante el período de Itziar González se produjo un espacio de interlocución para llevar a cabo medidas concretas, que acabaría naufragando otra vez; primero por la inoperancia y, posteriormente, por el desalojo inesperado de Manel González en diciembre de 2008, ejecutado después de que fuera suspendido cautelarmente, y con la Guàrdia Urbana actuando a espaldas de la regidora.

Tras todos estos años, y siendo probablemente una de las fincas que merecen un expediente de expropiación urgente, el edificio sigue en manos de Mancia 2003, SL, propiedad de Josefa Torras Jové y José María Barneda Torras. Por qué el 29 es intocable es algo que deberían responder los sucesivos responsables del Districte de Ciutat Vella y Focivesa.

 

Sin criterios comunitarios

En los criterios de selección para las siete nuevas promociones de vivienda en Ciutat Vella, se aplica una dimensión económica que, a priori, busca proyectar un criterio social: «L’import mensual del lloguer varia en funció del tamany dels habitatges, però el preu s’estableix en 5 €/m2». En el 59 % de las 85 viviendas que forman parte de esta promoción, éste es el único criterio, coherente con el planteamiento general de la operación: atraer gente de otros barrios para sustituir a las personas expulsadas.

Por otro lado, la promoción plantea una reserva de 13 viviendas para familias monoparentales y una vivienda de una sola habitación para una persona con movilidad reducida; criterios en los que se podría aplicar, al menos en parte, una perspectiva barrial, destinada a fortalecer el tejido comunitario, pero en los que se ha excluido esta posibilidad.

Ni siquiera la «reserva territorial», que es la que en principio debería estar destinada a realojar o mejorar las condiciones de la población residente en el Raval, actúa en esa dirección. Además de Ciutat Vella, forman parte de ese contingente, Fort Pienc, la Dreta de l’Eixample, Sant Antoni, Poble Sec y Parc i Llacuna. En este sentido, la perspectiva económica de vivienda asequible no incluye una imprescindible perspectiva comunitaria, enfocada a fortalecer el tejido social. A lo que hay que añadir el lastre que supone la voluntad explícita del Ayuntamiento, hasta ahora, de buscar una lógica de confrontación entre habitantes, que precisamente va en contra de la consolidación de esos vínculos comunitarios.

Notas:

2 «L’Ajuntament actuarà als carrers d’en Robador i Sant Ramon per promoure la rehabilitació d’edificis», nota de prensa, 09 de febrero de 2011.

3 Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL (GESOP).

4 GESOP, Inspecció de finques al Barri del Raval. Desembre 2010.

5 El anterior alcalde no parece situarse muy bien en el callejero, ya que en realidad no se trata de Sant Rafael sino de Sant Ramon, al otro extremo de Illa Robador.

6 La Vanguardia, 8 de mayo de 2015.

7 Pla Dintres 2014, edición de octubre de 2014, Ajuntament de Barcelona.

8 Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats al Districte de Ciutat Vella.

9 Sondeando varias fincas en venta en diferentes partes del Raval, estimamos que el precio de un edificio está entre los 1500 y los 2700 €/m2, dependiendo de la zona y el estado de conservación.

10 Todos los datos sobre precios de compra y coste de rehabilitación han sido extraídos de los siguientes documentos públicos: Pla Dintres 2014; Pla de Barris de Raval Sud. Informe de 4 de desembre de 2014; además de la consulta de diversas actas de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona.