De cuando los escándalos se silenciaban desde el poder

Julià Peiró | 05/11/2016

En un momento en que la corrupción llena las portadas de los periódicos, y el pueblo ha asumido que el partido en el Gobierno es lo más parecido a una banda de salteadores, sin pretensión alguna de justificar tropelías, quiero recordar a los lectores que, en este país llamado España, la corrupción y el tráfico de influencias entre las élites sociales y políticas son enfermedades congénitas con siglos de nefasta tradición. Aunque hoy y aquí vamos a limitarnos a los años del franquismo, cuando la censura lo tapaba todo.

Durante las cuatro décadas negras (desde el final de la guerra civil hasta la muerte del dictador y los años de la predemocracia, si es que la democracia ha llegado alguna vez), el mangoneo desde las altas esferas fue continuo. Y en los escándalos más sonados siempre estaban metidos la familia Franco, sus amistades próximas o gerifaltes del régimen. Destacaremos los conocidos por Barcelona-Traction, Matesa, Sofico y Redondela, aunque sin tanto aparato los hay a centenares, y se remontan a los primeros años cuarenta, con el chanchulleo del estraperlo (1939-1955). A pequeña escala, el estraperlo se practicó en todas las clases sociales, incluso en las más modestas, y sirvió de tapadera a un mercado negro a gran escala, que traficaba con productos imprescindibles como los antibióticos, entonces a precios desorbitados, gracias a la protección que las mafias recibían desde las alturas.

Cincuentenario del Ministerio de Trabajo

Años en los que el mismo dictador obtuvo ingresos millonarios con la venta de cargamentos de café regalados por el presidente de Brasil para mitigar nuestra falta de alimentos. Con ese ejemplo, no es extraño que Nicolás Franco, el hermanísimo, estuviera en el huracán de cualquier trapicheo, mientras la hermanísima Pilar compraba por 100.000 pesetas un terreno de 87.500 m2, a un propietario desconocido o inexistente, que luego le expropiaron por partes; sólo por la última parte, que llegó a la Audiencia Nacional, recibió 134 millones. «La voracidad de esa señora es inmensa», comentó Carrero Blanco, el presidente del gobierno que ETA subió al cielo.

Otro discípulo aventajado del mamoneo millonario fue el yernísimo, Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, «de Vespaverde» en el argot popular, ya que, entre otras muchísimas prebendas, tuvo la exclusiva de importación de las motos Vespa, que pasaban la frontera sin entrar en la aduana. Precisamente, otro de los grandes negocios de la época fue la venta ilícita de las licencias de importación y exportación, en las que destacó el ministro de Comercio Manuel Arburúa, por el que Franco sentía una especial admiración: «Empezó de botones y hoy es archimillonario», decía boquiabierto. 

El caso Barcelona-Traction fue tramado en El Pardo, en agradecimiento a la ayuda recibida de Juan March, el banquero mallorquín que financió a Franco desde los inicios de su sublevación. Con el apoyo del generalísimo, March se apropió de la Barcelona Traction Light & Power, llamada La Canadiense, y la convirtió en Fuerzas Eléctricas de Catalunya (FECSA), una operación que le dio muchos millones, aunque esa y otras fechorías le valieran el apodo de «El último pirata del Mediterráneo», título también de una biografía sobre su persona.

La quiebra de Matesa, con una deuda de más de diez mil millones procedentes de un banco público, fue causa de una crisis gubernamental, por la enemistad entre los nuevos tecnócratas del Opus Dei y los viejos falangistas. La empresa, dirigida por Vilà Reyes, enviaba al extranjero telares sin comprador y cobraba los créditos a la exportación, aunque a la Argentina habían llegado 1.500 y solo se habían vendido 120. Tres ministros y un ex ministro estaban metidos hasta el cuello en la operación. El Tribunal de Delitos Monetarios impuso a los culpables una multa de 1.658 millones y tres años de prisión, pero Franco indultó a los ministros y redujo un tercio la pena de Vilà Reyes. El banco cerró, y Fraga Iribarne fue destituido como ministro de Información por permitir que el tema saliera en la prensa.

Sofico fue una inmobiliaria creada en 1962 para construir, vender o alquilar apartamentos en la Costa del Sol, a la que se sumó Sofico Inversiones para captar el dinero de los ahorradores, con participaciones de 25.000 pesetas. Su impulsor, Eugenio Peydró, era un empleado de comercio que supo codearse con ministros, generales y magistrados, que le abrieron muchas puertas. Incorporó a su negocio al hermano del ministro de Marina, a varios tenientes generales, tenientes coroneles, presidentes de Audiencias Territoriales, un representante del Ministerio de Hacienda, etc.; todos aforados. El Ministerio de Turismo le otorgó la medalla de plata al mérito turístico.

Al principio, la venta se hacía sobre apartamentos construidos, pero luego se pasó a la venta sobre plano, cobrando cantidades a cuenta y, al fin, la totalidad, cuando ni siquiera se había adquirido el solar, y a sabiendas de que no se construirían nunca. Grandes campañas de publicidad y vendedores persuasivos, que garantizaban un 12 % de renta anual, permitieron a la empresa llegar a los 4.000 empleados y 25.000 inversores, hasta que la pirámide hizo ¡bluf! y suspensión pagos, con una deuda de 13.000 millones. El Supremo dio carpetazo al asunto 13 años después de iniciarse el proceso, tras quitar toda responsabilidad a los altos cargos del régimen. Solo se actuó contra los Peydró, padre e hijo, acusados de falsedad y estafa. La sentencia, nueve años de prisión para el padre, dos años y cuatro meses para el hijo, quedó en nada: ni fueron a la cárcel, ni pagaron las indemnizaciones de 5.000 millones a repartir entre los 3.000 perjudicados que quisieron llegar hasta el final.

El caso del aceite de Redondela es el más oscuro, porque estuvo rodeado de muertos; siete. Todo había empezado en 1966, cuando la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT) decidió almacenar aceite para regular los precios de mercado. Como no tenía las instalaciones adecuadas, alquiló los depósitos de REACE para custodiar 12 millones de litros, con el levantamiento del acta y el precintado de la válvula de salida, a la espera de que fuera necesario.

En marzo de 1972, el director general de la CAT, Romero González, denunció en el juzgado la desaparición de más de cuatro millones de litros, que valoró en casi 170 millones de pesetas. A los pocos días, fue detenido Isidro Suárez, uno de los socios mayoritarios de REACE, al tiempo que desaparecían también los libros contables de la empresa. En septiembre, Romero González, que había sido despedido fulminantemente tras la denuncia, fue encontrado muerto junto a su mujer y su hija de 21 años; el juez consideró que se había suicidado tras matarlas a ellas, debido a una depresión sufrida por su despido, aunque estaba claro que eran tres asesinatos. Isidro Suárez murió al resbalar y caer accidentalmente en la ducha de la cárcel. También fueron asesinados el taxista que siempre utilizaban los responsables de la empresa, y un conservero cliente habitual del mismo taxista; más dudosa puede ser la séptima víctima, el representante de los acreedores, que falleció de una angina de pecho.

El juicio se celebró en la audiencia de Pontevedra en 1973. Presidía el tribunal Mariano Rajoy, padre del Mariano Rajoy que todos conocemos. Se esperaba con expectación la presencia de uno de los implicados, el consejero Nicolás Franco Bahamonde, que en aquellos años llegó a presidir siete grandes empresas, entre ellas FASA-Renault y la Transmediterránea, pero ni fue citado; su hermano, el generalísimo, le había nombrado embajador en Portugal para apartarle del escándalo. Desde el Ministerio de Información se amenazó a la prensa para que no informara del asunto, y el presidente del tribunal no permitió que se nombrara al hermanísimo, ni que se investigaran las muertes, ni el destino del aceite desaparecido, ni quiénes se habían lucrado con la venta. Para más inri, el sumario, de más de quinientas páginas, también se volatilizó. A los responsables con influencias no les ocurrió absolutamente nada y del aceite nunca más se supo. Muchos comentaristas sospechan que la facilidad y brillantez con que tres Rajoy, hijos del presidente del tribunal, ganaron años después las dificilísimas oposiciones a registradores de la propiedad fueron el pago a la actuación corrupta del padre y no a sus méritos.

Un caso menos espectacular, pero en el que también aparece Nicolás Franco, fue la quiebra de Manufacturas Metálicas Madrileñas, debida básicamente a la mala gestión de uno de los máximos accionistas, precisamente él. Franco impidió el proceso judicial, y decidió que el asunto se resolviera «en casa».

Y ya en la década de los ochenta, se produce la liquidación forzosa de la entidad de ahorro Fidecaya, que el humorista Gila anunciaba por televisión. Creada en 1952, dejó tirados a 250.000 inversores, además de a los 570 empleados y 5.400 delegados comisionistas que se quedaron sin trabajo. En sus activos constaban 340 oficinas, 30 inmobiliarias, 10 financieras…, pero sus inversiones arrojaban un déficit de casi quince mil millones de pesetas.

Poco o nada llegaba al pueblo de lo que realmente ocurría tras tanta corrupción; las informaciones que publicaban diarios y revistas difícilmente podían traspasar la epidermis de lo realmente ocurrido y de las resoluciones judiciales. Ahora, en cambio, el exceso de información, y que cualquier ciudadano pueda tener una ventana en Facebook o en Twitter, donde explicar su visión de los hechos, es un arma de doble filo a la que, a pesar de todo, no podemos ni debemos renunciar.

Hoy, aparentemente, todo se sabe; reales o tergiversadas, nos llegan todas las noticias. Pero, ¿sirve para algo? ¿O quizá será otro motivo para que quienes dominan la política, las finanzas y la economía busquen nuevas fórmulas con las que mantenernos aún más encadenados?