Gala Pin: «No haremos una comisión de investigación sobre la corrupción del Distrito»

Entrevista a Gala Pin, regidora de Ciutat Vella

Texto: Masala | Fotografía: Robert Bonet | 06/11/2016

[Entrevista realizada en mayo de 2016]

Regidora de Ciutat Vella y de Participació i Districtes por Barcelona en Comú tras las elecciones municipales de 2015, Gala Pin Ferrando (Valencia, 1980) ha participado en diferentes colectivos, asociaciones y movimientos sociales de Barcelona, desde la okupación en Miles de Viviendas hasta la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pasando por la Associació de Veïns i Veïnes de l’Òstia, la Plataforma Defensem el Port Vell o esta misma publicación.

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Ha pasado un año desde que ganasteis las elecciones y, hasta el momento, no se ha abordado la derogación del actual Pla d’Usos. La moratoria de hoteles está vigente y se está ultimando el PEUAT (Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics), pero el Pla d’Usos contiene muchos otros aspectos que afectan al desarrollo de la vida cotidiana del distrito. ¿Por qué todavía no se ha hecho?

Hemos empezado ahora los trabajos internos de revisión del Pla d’Usos actual con base en varias cuestiones. En el último Pla d’Usos, a diferencia del de 2010, el hecho de permitir una alta y una baja en la misma zona encarece el precio de esos comercios y, por lo tanto, dificulta más la diversidad. Por eso, hemos puesto mucho énfasis en poder encargar estudios previos que nos permitan tener un buen análisis para empezar a trabajar e incorporar el análisis de datos a la hora de hacer planificación.

¿Se va a suprimir la discriminación positiva hacia los hoteles para desarrollar actividades de hostelería o restauración por encima de las restricciones del plan? ¿Se eliminarán las diez Àrees de Tractament Específic que establecen libertad de licencias para restaurantes?

Tendremos que verlo. Evidentemente, se trata de que nadie tenga privilegios por encima de otros.

¿Dentro del nuevo Pla d’Usos, se contemplarán medidas efectivas para reducir el peso y el poder del lobby turístico en Barcelona y Ciutat Vella?

El Pla d’Usos es una herramienta urbanística y, como tal, nos permitirá regular hasta donde nos permita regular. Los esfuerzos por recuperar el liderazgo público del modelo turístico se están haciendo más en el ámbito de ciudad, y eso se ha ido transmitiendo al sector turístico.

El PEUAT prevé decrecimiento «natural» en zonas como Ciutat Vella, crecimiento «cero» en otras y crecimiento «controlado» en las restantes. ¿Tiene sentido hablar de decrecimiento «natural»?

Sí. La medida de no poder volver a dar de alta una licencia extinguida apunta políticamente a disminuir la presión turística y las plazas de alojamiento turístico en el distrito. Es un consenso no sólo entre fuerzas políticas sino también a nivel social: hay una sobresaturación en Ciutat Vella. Evidentemente, nos hubiera gustado ir más allá y hacer un decrecimiento más artificial que natural, pero eso pasa por una inversión de recursos públicos y era irresponsable rescatar licencias de hotel ya otorgadas por la cuantía de dinero público —que es de todos— que hubiera supuesto.

¿Hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que el nuevo Pla d’Usos permita otorgar nuevas licencias de hotel?

Hola, ¿qué tal? ¿Me lo estáis preguntando en serio?

Sí.

Mientras yo sea regidora te aseguro que no. Además, quiero una respuesta literal en la entrevista. A no ser que pase algo con el PEUAT en la negociación política y en las alegaciones, que están fuera de mi control.

Según tu predecesora, Mercé Homs, el Àrea de Conservació i Rehabilitació Sant Ramon/Robador no contemplaba «reallotjar gent de l’entorn sinò que, al contrari, s’han fet pisos […] per què gent de la resta de la ciutat pugui venir a viure a Ciutat Vella». Al margen de lo que el actual gobierno se encontró hecho, ¿se han establecido medidas para proteger a las personas que todavía no han sido expulsadas, garantizando su permanencia en su vivienda y en su espacio comunitario?

La declaración del Àrea de Sant Ramon, que viene de un trabajo de Itziar González y nos parecía una buena medida, tiene este punto como perverso de hacer unas bases, para acceder a la vivienda nueva pública, pensadas para regenerar socialmente el entorno, cosa que se ha demostrado… problemática.

Nosotros no podemos cambiar las bases de las viviendas que ya han salido a concurso o se han publicitado, pero sí las de los nuevos edificios que se vayan adquiriendo y salgan al público. El planteamiento es mejorar la calidad de vida de la gente que ya vive ahí, no que venga otra a disfrutar de esas mejoras.

Hay una diferencia entre inquilinos y «personas que viven». ¿Se van a tomar medidas concretas para cuidar ese tejido social, incluyendo a personas sin un contrato regular? ¿Cuáles?

La capacidad real de incidencia, más allá de los deseos que podamos tener, es asegurar que las bases de la adjudicación de vivienda pública no parten de la regeneración sino de la permanencia, dentro de unos límites, porque la cuota territorial que permite el Patronat de l’Habitatge en vivienda pública es de un 25%. Puedes cambiar los ingresos mínimos de la persona que accede a esa vivienda social, reducirlos pensando más en la población actual del Raval. En cuanto a la gente que vive ocupando en una situación irregular, distinguimos tres tipos de ocupación. Una, no menor, que llamamos delincuencial, de actividad ilícita más allá de vivir sin contrato, y aquí hay directamente una intervención policial y judicial.

Otra es la precaria; hay un protocolo en el ámbito de ciudad que dice que, si se lleva ocupando más de dos años y hay una situación determinada, se procederá a regular la situación de la familia. Estamos hablando de vivienda pública, en la privada no podemos intervenir.

Y, por último, las ocupaciones políticas, como por ejemplo la del pasaje Sant Bernat, número 9 [okupada en el mes de marzo para establecer una residencia de estudiantes autogestionada]. En este caso, el local está destinado, desde antes de su ocupación, a un proyecto social y cultural que nos parece que hace una gran labor en el distrito. Por eso hemos ido por la vía del diálogo, hemos hablado con los actuales ocupantes y les hemos planteado unas condiciones muy básicas para no poner una denuncia, que aceptaron porque son bastante de sentido común. Lo que los ocupantes nos plantearon es que pudiéramos estudiar la compatibilidad de los dos proyectos más adelante, cosa que ya se hará en su momento…

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El diagnóstico social del GESOP (Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL) que determinó el Àrea de Sant Ramon ha sido denunciado desde muchas entidades como absolutamente criminalizador. Con este diagnóstico, ¿quién determina el tipo de ocupación?

No hemos tenido en cuenta ese diagnóstico. Aplicamos en todo el distrito un criterio que viene de la actividad que se da dentro del piso, no de si la persona que lo habita, cuando sale, hace una cosa u otra. Cuando tenemos una ocupación, aparte de la Guàrdia Urbana, el SIPHO (Serveis d’Intervenció en la Pèrdua d’Habitatge i Ocupació) y Serveis Socials acuden para conocer el perfil de las personas que están habitando en la vivienda, como hemos hecho en la Rimaia.

Viviendo en Ciutat Vella, sabemos que la Guàrdia Urbana de Barcelona tiene cierta autonomía política propia. ¿Cómo gestionáis la presión de sus intereses?

Creo que la Guàrdia Urbana no tiene intereses propios; es un servicio público que tiene trabajadores públicos, la gran mayoría cree en la función pública y son leales al gobierno de turno, sea éste o cualquier otro. Ahora bien, está claro que hay una cultura policial que queremos cambiar y, para eso, se está haciendo el primer Pla Director que ha tenido el Ayuntamiento de Barcelona, y se está haciendo en consenso con la propia Guàrdia Urbana.

No es ningún secreto que, viniendo de donde venimos, y sobre todo en mi caso, la Guàrdia Urbana es el sector del Ayuntamiento menos conocido o con el que habíamos interactuado menos. Pero es un servicio público necesario; es ingenuo pensar que podría gobernarse la ciudad de Barcelona sin él. Entonces, no diré que ha sido el espacio con el que me ha sido más cómodo relacionarme, por ese desconocimiento, pero sí que tengo que constatar que hay una creencia en la función pública dentro del cuerpo.

Barcelona en Comú ha optado por intentar conseguir un buen clima de relación con la Guàrdia Urbana, cosa que hemos comprobado recientemente con la dificultad para posicionarse institucionalmente respecto a garantizar o no el derecho a la confidencialidad médica en casos en que la Guàrdia Urbana acompaña a personas a los centros de salud, problema grave que tanto desde entidades de defensa de derechos, como desde el ámbito sanitario, se ha denunciado como una práctica habitual. ¿Cuáles son vuestras limitaciones para decir lo que pensáis en torno a este tema?

En cuanto a la denuncia contra el regidor de la CUP Josep Garganté, es un tema que está judicializado y es nuestra obligación ser prudentes. Por otra parte, los indicios que tenemos dicen que no hubo este acompañamiento en el box.

En cuanto a las limitaciones que tenemos, no las centraría ni mucho menos en la Guàrdia Urbana, las centraría también en la negociación política con otros partidos, en que puede haber una dinámica de funcionamiento que tú consideras perjudicial…

¿Pero cuál es vuestro posicionamiento respecto a la vulneración del derecho a la confidencialidad médica por parte de la Guàrdia Urbana?

Primero, cuando estamos hablando de tratados y recomendaciones internacionales, no es que sea una opción, es que se tiene que aplicar y punto. Si hay alguna mala práctica, insisto, eso se revisa y estoy convencida de que la propia Guàrdia Urbana está bastante interesada en que no se den malas prácticas. De hecho, hemos dado pasos en esa dirección, como que Afers Interns dependa directamente del comisionado de Seguridad, y reforzarlo. Por otra parte, por supuesto, a mí me gustaría poder explicar mi relación con la Guàrdia Urbana y decir qué sabía, qué he aprendido, qué me gusta y qué no. Pero si hago este discurso complejo lo que tendré, al cabo de dos días, es un titular que jugará contra mí y contra el cuerpo. Siendo sincera, lo hago porque me lo creo, pero también por una cuestión táctica. He aprendido que la Guàrdia Urbana es un servicio público, que es imprescindible, que hace una tarea ingrata y no reconocida, y que, de producirse malas prácticas, la propia GU es la primera interesada en que sean las mínimas. También creo que, si queremos avanzar hacia otro modelo de policía, tenemos que hacerlo con la propia Guàrdia Urbana, porque imponer modelos no funciona, lo que funciona es trabajar a partir del consenso.

Desde la muerte de un mantero en Salou, se inició toda una campaña de criminalización desde los medios de comunicación hacia el top manta consistente en culpabilizar a las víctimas. ¿Aumentando la presión sobre los manteros no ha seguido Barcelona en Comú la corriente histórica de gobernar a partir de titulares de La Vanguardia?

Si digo la verdad, no leo La Vanguardia, excepto cuando hay un tema que nos afecta. Justamente por eso, porque ya basta de hacer política a base de titular. De hecho, justo la noticia que ha salido estos días sobre los chavales que esnifan cola es algo que llevamos trabajando desde hace muchos meses, y es un trabajo que hay que intensificar, pero ahora no haremos una actuación estelar sólo porque ha salido en la prensa. Y, en el caso de los manteros, yo creo que tampoco.

De hecho, son dos niveles: por una parte, reforzar soluciones sociales y generar planes de ocupación pero, por otro lado, también hay que gestionar el espacio público. Y aquí estamos hablando de un colectivo que está en una situación de vulnerabilidad, con el que hay que reforzar la acción social, sobre todo con aquellos que no tienen papeles. Eso es obligación de la Administración. Con quienes están en una mayor situación de riesgo de exclusión tenemos que hacer un esfuerzo extra. En cuanto a la gestión del espacio público, el de los manteros no es el único grupo que necesita una intervención extra por parte de la Administración; por ejemplo, tenemos un colectivo de más de ochocientos sin techo. Es cierto que tendríamos que ser más rápidos en las soluciones sociales pero, en el caso de los manteros, existe una venta de productos ilegales —que es un delito, no una infracción— sobre el que no podemos no actuar como Administración. Me puede gustar más o menos la norma, pero es la que hay y no podemos dejar de intervenir.

Pasemos a otro tema. Vamos a hablar de prostitución.

No voy a contestar sobre prostitución.

Pues algo tendrás que responder, aunque sea «no lo sé»… La regidora de Cicles de Vida, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, en sus declaraciones, ha reconocido a las trabajadoras del sexo como sujetos de derecho y, por lo tanto, ha legitimado la interlocución. ¿Cómo se traduce este reconocimiento formal en políticas concretas respecto a las demandas históricas del colectivo en el distrito, como por ejemplo: la no criminalización de la actividad y la erradicación de la violencia que supone la persecución de las mujeres, y los espacios de ejercicio de la prostitución para aquellas mujeres que contactan con sus clientes en el espacio público, pero ejercen en espacios privados?

Se ha reforzado el servicio de ABITS y la Taula Interdepartamental sobre Trata, pero es un tema que se está trabajando desde la regiduría de Cicles de Vida, Feminismes y LGTBI. La Taula Interdepartamental se creó precisamente para diferenciar a aquellas mujeres que están en situación de trata de quienes ejercen prostitución de manera voluntaria. En todo caso, de este tema a quien le corresponde hablar es a la regidora Laura Pérez.

Se hace una distinción entre diferentes actividades económicas que se realizan supuestamente sin licencia. Por ejemplo, la diferencia a la hora de entrar a una vivienda, cuando se trata de un meublè o de un piso turístico. Resumiendo, resulta llamativa la rapidez de los protocolos para acceder a una vivienda si se trata de un supuesto meublè y la lentitud de los mismos si se trata de un presunto piso turístico…

No me sé al dedillo de qué ley depende cada una, pero sí que diría que jurídicamente un apartamento turístico es una falta administrativa y el meublé

También. Por eso mencionamos la diferencia entre la rapidez de intervención.

No conozco el procedimiento exacto que aplicamos en temas de meublès, pero en el caso del apartamento turístico tienes que encontrar al turista dentro en dos ocasiones. En el caso de la Barceloneta, por ejemplo, se han hecho 8.000 visualizaciones. Para eso, tenemos un equipo de visualizadores, que no tienen capacidad de inspección pero que te dicen qué encuentran. Por otra parte, los inspectores —sólo tenemos siete inspectores en el distrito para todo los temas— tienen que encontrar dos veces a turistas en el piso. Después de eso, tienes que encontrar al propietario y notificarle, a veces vía BOE porque no se le localiza… En el caso de los meublès, entiendo que todo este despliegue de visualizadores e inspectores no se da…

Hay que precisar que, en el caso de los posibles meublès, no se puede sancionar el ejercicio en sí de la prostitución, que es una actividad legal, aunque no esté regulada laboralmente, pero sí el uso como hostal meublé, es decir que se alquilen habitaciones. Los expedientes administrativos se aceleran, porque basta que un cliente mantenga una conversación amable con la Guàrdia Urbana respecto a una posible multa de 1500€ por la Ordenanza Cívica y pedirle que testimonie. Este procedimiento, además, está basado en un informe de Serveis Jurídics del Ayuntamiento que es abiertamente criminalizador y que justifica un procedimiento por el cual muchas mujeres, sin suficientes pruebas, son desahuciadas de sus propias viviendas. ¿Sabes que existe este documento? ¿Eres consciente de cómo se están gestionando estos expedientes y de lo que pueden implicar?

La verdad es que no.

La licencia de hostal meublè no está definida jurídicamente, con respecto a los expedientes administrativos abiertos hasta ahora. Que se sancione por una licencia que no tiene definición jurídica y que, por tanto, no existe, ¿no es un defecto de forma administrativo que debería subsanarse de inmediato? ¿Van a eliminarse todos los expedientes relacionados y que incluyen multas de 15.000 a 40.000 € para las personas que vivían allí?

No voy a contestar a la pregunta de si vamos a regularizar los meublés o no.

No es esa la pregunta. Lo que queremos saber es si se van a anular esos expedientes.

Eso es algo que tendría que consultar con Serveis Jurídics.

¿Lo consultarás?

Sí, lo consultaré si me hacen una instancia formal.

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Pasamos a un tema que dominas muy bien. Aún no conocemos una sola acción respecto a una cuestión clave en Ciutat Vella como es el ámbito Port-Ciutat y las actuaciones, como mínimo irregulares, de la Autoritat Portuària en el Port Vell. Gustó mucho tu gesto de no aceptar el sobre con las dietas, ¿pero cuándo pasaréis de los gestos a las propuestas y a las acciones?

Reconozco que la revisión del Pla Especial que permitió la Marina del Port Vell está calendarizada más tarde de lo previsto. Una de las cosas que hemos hecho es priorizar. El planteamiento de fondo es cómo gestionamos conjuntamente el Port-Ciutat: más allá del Port Vell, tenemos todo un espacio ciudadano que tiene que ver con necesidades de la ciudad, y eso pasa por cambiar los espacios de gobernanza. Tiene que haber una presencia mucho más equitativa del Ayuntamiento en la Autoritat Portuària, en su consejo de administración y en la empresa Port2000.

Al llegar a Port2000, me ha sorprendido mucho ver que el Port es una administración pública sin una planificación sobre las zonas bajo su tutela, sino que las concesiona a empresas privadas que deciden, dentro de la normativa urbanística, qué proyectos se desarrollarán allá. Esto nos lleva a tener espacios como el final de Nova Bocana, en el que hay una mezcla extraña de usos: se habla de la ubicación de L’Hermitage, tienes el Hotel Vela, las oficinas de Desigual, la marina seca… Nuestra propuesta al Port es que pensemos conjuntamente hacia dónde orientar cada zona para que no sea un bolet tras otro con base en el interés, completamente legítimo, de quien tiene la concesión del espacio.

Una cosa más: creo que nos costará. A pesar de alguna noticia en los últimos meses del Port manifestando su voluntad de colaborar con el Ayuntamiento a la hora de pensar el Port-Ciutat, me ha sorprendido una dinámica de «trabajo conjunto» que consistía básicamente en que el Ayuntamiento se plegaba a las propuestas del Port y, por lo que nos dicen técnicos que lo habían ido siguiendo, en los últimos cuatro años esto se afianzó más.

Pero, insistimos, hasta ahora, ¿qué acciones concretas se han llevado a cabo?

He aprendido que las cosas hay que anunciarlas cuando ya las has hecho. Entonces, más allá de aquello en lo que podamos estar trabajando ahora en la interna, es mejor anunciarlo cuando lo tengamos. De momento, se instalará un parque infantil en el Moll de la Fusta.

También se ha trasladado al Gobierno central una petición histórica: que la zona marítimo-terrestre llegue a la línea de mar; es una disfunción que pertenezca al Port cuando está en tejido urbano. Además, la Autoritat Portuària conoce la voluntad del Ayuntamiento de que desaparezca la valla que apareció a raíz de la Marina del Port Vell en el Moll d’Espanya.

Sobre la limitación del número de cruceros en el Port, dijiste en agosto de 2015: «Las limitaciones que establezcamos dependerán de los criterios que se incluyan en el Plan Estratégico de Turismo que estamos preparando. Habrá que adaptar el número de cruceristas a la carga turística que se determine para el conjunto de la ciudad». El Plan está en proceso; ¿prevé recoger tales intenciones? ¿Qué medidas puede imponer el Ayuntamiento al Port en ese sentido?

Se ha trasladado al Port la necesidad de intervenir en el tema de cruceros por una cuestión de medio ambiente, de sostenibilidad, pero no es competencia nuestra. A pesar de que es evidente que genera distorsión, sobre todo en las dinámicas de espacio público. De hecho, si el Port realmente quiere plantearse empezar a actuar con base en las necesidades de la ciudad, una de ella es regular el tema de los cruceros.

¿Por qué se hizo esa promesa de reducción en su momento?

Porque pensaba que se podía… Seguramente, el Pla Estratègic dirá cuál puede ser la población flotante ideal. Luego, las medidas que aplicar son competencia del Port.

El pasado octubre, a partir de un informe de la Fiscalía Anticorrupción, se reactivó el caso de corrupción en las licencias de Ciutat Vella. ¿Se abrirá una comisión de investigación para conocer sus dimensiones reales?

No, porque el caso está judicializado y tenemos la política general de dejar que se determine en el ámbito judicial. Lo mismo hago un giro que sorprende, pero haré una defensa de Serveis Tècnics i Jurídics del Distrito. Una de las cosas muy chulas al llegar ha sido encontrarme un montón de trabajadores que se creen la función pública, incluso desesperados en algunos momentos porque entendían que en años anteriores se tenía que haber ido más allá en su defensa. No he trabajado codo con codo con las ochenta personas que trabajan en el Distrito, pero sobre todo en las direcciones y en los caps de departament tengo plena confianza en su profesionalidad. Otra cosa es que no puede haber dejadez o un «dejar hacer» político, como seguramente pasó en la época de Heliodoro Lozano; hay una parte importante de responsabilidad que tenemos los políticos. Se ha habilitado la Oficina para las Buenas Prácticas y la Transparencia, de manera que se puedan hacer denuncias anónimas si se considera que hay una mala práctica, y un equipo de funcionarios se dedica a revisarlas. Ha ido habiendo cambios en la forma de funcionar, y el mayor problema que veo ahora mismo en Serveis Jurídics y sobre licencias es el desborde total de curro, la falta de recursos humanos; no creo en absoluto que haya malas prácticas ni gente de la que desconfiar. Al revés, hay grandes profesionales que tienen mucho que aportar al Distrito, con un conocimiento del que no podemos prescindir.

Esta pregunta se la hizo Masala a Mercè Homs en 2012, ¿sabes lo que contestó?

Lo mismo que yo, supongo.

Para acabar, en general, ¿no te parece que hay una continuidad en la cotidianidad de la gestión, en contraposición al concepto de ruptura que se ha manejado mucho a la hora de hablar de «cambio»? ¿Vivimos una continuidad práctica de las políticas heredadas del gobierno de Trias?

Hace un tiempo hablaba con Gabriela Serra sobre otros momentos de su activismo político. Ella me explicaba que había visto claramente que, cuando haces cambios bruscos, son cambios que no perduran y que, cuando haces cambios ganando la hegemonía, son cambios que perduran. En algunos ámbitos, como la Guàrdia Urbana, que ha salido antes, es perjudicial hacer cambios bruscos, lo cual no quiere decir que no haya una lealtad a unas líneas políticas. También hay dinámicas que no vienen sólo del gobierno de Trias sino que vienen de formas de hacer previas y que no se cambian ni en dos días ni en un año, como la afluencia masiva de turistas, que por mucha voluntad y medidas no cambia en un año. En una legislatura se tienen que notar efectos en esas dinámicas, pero no se cambian.

Por otra parte, creo que sí hemos hecho cosas que han cambiado dinámicas, aunque no se perciban tanto. También es importante que prioricemos qué hacemos y qué dejamos de hacer. Y señalar que aquí no cambiarán las dinámicas si no hay unos movimientos sociales fuertes y una ciudadanía organizada y exigente, como ya ocurre en algunos casos. Pero aquí no habrá un cambio de dinámica si lo único que tenemos es un gobierno de once personas allí, dentro de este lugar que lleva muchos años funcionando de la misma manera.