Movimiento antituristización (II)

En Baleares, Venecia, Lisboa, Berlín y otros destinos europeos masificados, se consolidan, con más o menos fuerza, voces y organizaciones sociales interbarriales que denuncian los efectos devastadores del desarrollo de la industria turística.

Texto: Turismografías (Andrés Antebi, Caterina Borelli, Daniel Malet y Marc Morell) / Ilustración: Guillem Machado | 09/06/2017

Las redes de agitación reivindicativa del incipiente movimiento antituristización van mucho más allá de Barcelona. Y se extienden como la pólvora por el continente europeo. En las últimas décadas, el impacto del crecimiento exponencial de turismo urbano ha agudizado un sinfín de problemáticas ya existentes, ligadas a la especulación inmobiliaria y los usos del espacio, que están poniendo en juego el futuro de barrios enteros en las principales capitales receptoras, y amenazan, hoy más que nunca, con sustituir a sus residentes por población de ida y vuelta, trolley en mano.

En diferentes ciudades europeas se repite la misma secuencia que se anticipa turbulenta: la industria turística crece con afán depredador y busca nuevos enclaves de negocio, el trabajo se precariza aún más, los precios de la vivienda se disparan, el entorno vecinal se vuelve irreconocible y las rentas más bajas se ven forzadas a emigrar. En paralelo, tras años de silencio, se suceden las acciones de protesta, emergen aquí y allá nuevas organizaciones y proliferan las investigaciones, los encuentros y las campañas de denuncia contra los efectos de la masificación turística, ese nuevo rostro, cada vez más hinchado y sonriente, del capitalismo global.

No Grandi Navi en Venecia

En Venecia, ejemplo descarnado de ZTA (Zona de Turistización Avanzada), los últimos datos apuntan a que los apenas 50.000 habitantes que quedan en el centro histórico de la ciudad conviven con más de 30 millones de turistas anuales.

Aunque el precio de la vivienda ha subido cerca del 30 % en los últimos cinco años, aquí no se habla demasiado de gentrificación, ya que el principal problema de la ciudad es el acelerado despoblamiento, con una pérdida sostenida de alrededor de 1.000 habitantes anuales. Los residentes se desplazan hacia el extrarradio continental, empujados por la escasez de vivienda asequible, hastiados por la cantidad de visitantes y en busca de oportunidades laborales fuera del circuito de los servicios turísticos. Existe un importante mercado asociado a las segundas residencias, pero estas o bien permanecen vacías la mayoría del tiempo, o son inversiones orientadas a su explotación turística como alquiler vacacional.

La imagen de la entrada de los cruceros en la Laguna, tomada desde alguno de los estrechísimos canales o callejones de la ciudad, es una metáfora impresionante de la situación. Y es precisamente la movilización contra estos megacruceros, articulada en torno al colectivo No Grandi Navi, la punta de lanza de las protestas. Las acciones de No Grandi Navi responden, en parte, a un cambio radical en la percepción sobre los efectos del turismo masivo y a una demanda cada vez mayor de intervención a unas administraciones públicas que, durante décadas, se han significado por un laissez faire absoluto en nombre de la generación de empleo. Sustentado por grupos ambientalistas y entidades vecinales, el colectivo ha organizado múltiples acciones de protesta y dos manifestaciones multitudinarias en plazas, muelles y aguas de la ciudad, para reclamar la prohibición de estos transatlánticos, basándose en datos contundentes sobre la contaminación que generan y en el papel crucial que tienen como factor acelerador de la masificación turística en la zona. La última manifestación, celebrada en septiembre de 2016, congregó a más de 3.000 personas.

El desarrollo de las protestas, en aumento desde 2014, y un cuestionamiento social cada vez mayor del modelo en su conjunto ha dejado a Venecia reflejada en las aguas de su propio drama: darse cuenta, a la vez, de que la turistización la está matando y de que no existe una alternativa económica viable a ese proceso depredador. Es cierto que en tiempos recientes han florecido proyectos a contracorriente en ámbitos como la artesanía, la agricultura y los oficios tradicionales vinculados al mar, que contribuyen a plantear posibles salidas del atolladero. Sin embargo, su impacto real sobre la economía local es aún insignificante.

Baleares planta cara al turismo como hecho total

En Baleares, una de las referencias mundiales del modelo sol y playa all inclusive, la turistización se expande y suma a la oferta en el litoral los atractivos de la urbe. Palma, la capital, vive una fortísima presión crucerista —con registros de desembarcos que alcanzan las 20.000 personas en un plazo de cuatro horas— y elitizadora: en los últimos cinco años se han construido 21 nuevos hotel-boutique, establecimientos de alto standing en edificios señoriales restaurados, casi siempre ubicados en el centro histórico. La ciudad se está posicionando en los últimos tiempos como destino de los llamados city breaks —viajes de dos o tres días para turistas adinerados— y ese tipo de alojamientos —a unos 400 euros la noche— funcionan a la perfección. La gente de a pie ha ido aprendiendo qué significa la palabra gentrificación, como consecuencia de la proliferación de esos establecimientos y también de la imparable comercialización turística de las viviendas.

Paradójicamente, el problema se ha convertido en una tenaza y es percibido con cierto temor por mucha gente: quien no tiene un familiar tiene una amistad que ha puesto su propiedad en manos de inmobiliarias especializadas en dicha comercialización. Además, la ampliación en marcha del aeropuerto de Son Sant Joan, que permitirá aumentar un 20 % el tráfico, significará un importante aumento del transporte low cost y es más que probable que se alarguen las temporadas, para satisfacción de los lobbies que apuestan por desestacionalizar el turismo en aras de una supuesta democratización de los beneficios y heterogeneización de la oferta.

Hay, sin embargo, cada vez más voces insatisfechas en Palma. Desde 2014, han aparecido diferentes iniciativas que abogan por mapear la situación y luchar contra los efectos negativos del turismo masivo. Una de las primeras en consolidarse, vinculada a la Coordinadora Llibertària de Mallorca, se ha constituido en el núcleo editor de la revista Tot inclòs, de periodicidad anual, consagrada a denunciar «danys i conseqüències del turisme a les nostres illes». Una de las últimas acciones del colectivo ha sido la organización de las jornadas «Ciutat és de qui l’habita, no de qui la visita», celebradas en Palma a finales de 2016, a las que invitaron a diversos colectivos, como por ejemplo la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) y la PAH, y que fue el germen de la recién nacida asamblea vecinal Ciutat per a qui l’habita.

En paralelo, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma recoge firmas en una campaña que exige la prohibición de la comercialización turística de las viviendas plurifamiliares del municipio y el recién creado Observatori de la Gentrificació pretende explicar qué está ocurriendo a partir del conocimiento académico y su repercusión en las políticas públicas. También destaca el trabajo de colectivos ambientalistas arraigados como el Grup d’Ornitologia Balear i Defensa de la Naturalesa o de algunos más recientes como Terraferida, activo desde 2015 y autor de un informe que demuestra que los más de 11.000 alojamientos ofertados por Airbnb en la isla carecen de licencia.

En el horizonte, y pese a la movilización popular, el anteproyecto de ley de la Comercialización turística de Viviendas presentado por el Govern balear aparece como una herramienta orientada a facilitar que la especulación inmobiliaria siga campando a sus anchas. Los célebres versos de la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet, que actualmente celebra sus cincuenta años sobre los escenarios, cobran una nueva dimensión frente al sombrío panorama para las rentas más bajas: «Me n’aniré de casa, me n’aniré d’es camp, ses oliveres grises endarrere quedaran…». Tras el verano de 2016, se han registrado también por primera vez manifestaciones en Ibiza, convocadas por la recién nacida plataforma ciudadana Prou!, conformada, según sus fundadores, por «ibicencos normales y corrientes que estamos hartos de lo que pasa en Ibiza». Ahí, aparte de la brutal escasez de vivienda a precio asequible, uno de los principales motivos de descontento es la «discotequización» de la vida en la isla: «Un hotel es una discoteca, un barco es una discoteca y una casa de campo se convierte también en discoteca», afirman.

Lisboa não te ama

En las calles de Lisboa se oye cada vez con más frecuencia el siguiente comentario: «No queremos acabar como Barcelona». No es de extrañar, ya que la capital portuguesa es desde hace tiempo una de las alumnas aventajadas del modelo BCN. Durante las tres últimas décadas ha habido un «boom Lisboa» y la ciudad se ha situado en el mapa de grandes ciudades turísticas a golpe de megaevento —Capitalidad Europea de la Cultura 94, Exposición Universal 98 y Eurocopa 2004— y de ímprobos esfuerzos gubernamentales para atraer visitantes e inversiones inmobiliarias del extranjero: exitosas campañas de promoción internacional, importantes exenciones fiscales e incluso entrega de visados —las llamadas Visas Gold—, a los residentes no europeos que compran inmuebles.

Esas políticas han convertido el centro de la ciudad en una zona altamente turistizada y muy demandada, donde la especulación es la norma y las pocas casas disponibles en el mercado de arrendamiento se ofertan como alquiler habitacional para turistas. Los vecinos de barrios tradicionales como Bairro Alto, convertido hoy en centro de ocio nocturno para los visitantes, están siendo literalmente expulsados de sus casas hacia zonas más baratas. Como ha ocurrido en otros lugares, las alianzas público-privadas han utilizado la crisis económica para justificar la absoluta desregulación del mercado, argumentando que la turistización es un salvavidas para los más vulnerables.

Aun así, los lisboetas han empezado a organizarse para combatir el sinvivir. Son movimientos tímidos, por ahora muy fragmentarios, ya sea por poder dormir en las zonas de ocio, ya sea contra la circulación de los tuk-tuks, ciclomotores para el transporte de turistas que han contribuido a aumentar el caos circulatorio en una ciudad cuya red de transporte público está destrozada. En esa línea se inscribe la campaña vecinal «Lisboa não te ama» dedicada a glosar —a través de adhesivos y un blog con información en varios idiomas— los principales problemas que está generando el proceso turistizador y a ofrecer soluciones punto por punto.

Un primer esfuerzo por unificar las protestas ha empezado a articularse a través del manifiesto «Morar em Lisboa» (Vivir en Lisboa), dirigido a las autoridades locales e impulsado por más de treinta organizaciones. En él se subraya que «la actividad turística no puede abordarse desde una perspectiva coyuntural, debe ser planeada desde una visión sostenible e integrada. El riesgo de una carga turística no regulada intensa y/o excesiva y la explotación intensiva y no planeada de un territorio son generadores de insostenibilidad y a corto plazo pueden revelarse destructivos».

Berlín vs. Airbnb

En Berlín también se consolida la contestación a los efectos de la turistización, especialmente en la zona de Kreuzberg- Friedrichshain. En estos barrios, depauperados tras la caída del muro y tradicional epicentro de los movimientos «alternativos» de la ciudad, los precios de la vivienda han subido más del 80 % en una década y los espacios políticos, artísticos y culturales que los caracterizan están convirtiéndose en sights cada vez más apreciados por los turistas. Es importante destacar aquí hasta qué punto existe un vínculo perverso entre la conversión de movimientos sociales en iniciativas comunitarias más establecidas y su objetualización por parte de la mirada turística.

Conglomerados sociopolíticos muy diversos están cada vez mejor organizados y se muestran cada vez más activos frente a la presión gentrificadora/elitizadora que amenaza con finiquitar decenas y decenas de proyectos, o recontextualizarlos como un auténtico parque temático underground.

En los últimos años, se han celebrado innumerables campañas de protesta, denuncias públicas y manifestaciones, muchas bajo el lema «Nos quedamos». En ese contexto, una de las empresas más señaladas por los movimientos populares es la intermediaria Airbnb, objeto de diversas campañas contrapublicitarias en las calles, englobadas bajo la etiqueta #boycottairbnb. En el camino, además, han ido estableciéndose alianzas entre berlineses y colectivos de migrantes, como el caso del grupo Bizim Kiez nacido en 2015, tras las multitudinarias acciones de apoyo a una familia turca que regentaba un colmado, amenazada con el desahucio por el nuevo propietario del local, que pretendía construir apartamentos de lujo.

Berlín es una de las capitales donde el llamado flipping —comprar fincas enteras, echar a sus habitantes, restaurarlas y revenderlas en un plazo corto de tiempo con grandes beneficios— está a la orden del día. La decidida acción vecinal, sin embargo, ha empezado ya a dar sus frutos y las autoridades locales han lanzado recientemente un paquete de medidas, como limitar los precios del alquiler, prohibir parcialmente los apartamentos turísticos o incrementar los subsidios para acceder a vivienda social.

La partida, aquí y allá, va para largo.

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