Usuarios de drogas: del consumo supervisado a la atención integral

El Centro de Atención y Seguimiento de Drogodependencias Baluard estará abierto las 24 horas durante el verano

Texto: Diego Prego / @DiegoPregoSalva | 01/08/2018

Imágenes cedidas del teaser del documental «Baluard, vida más allá de las drogas» de José González Morandi: https://bit.ly/2KeKqR3

La ampliación del horario del CAS Baluard durante el verano tendrá un coste de 260.000 euros y permitirá, por primera vez, ofrecer un servicio de atención nocturna ininterrumpida a los consumidores de drogas. Para Diego Arànega, coordinador del CAS Baluard, está ampliación es una muy buena noticia: «Es una suerte que un sector tan poco representado dentro de la población general cuente con tantos recursos. Todos deben tener la opción de poder escoger un entorno adecuado a la praxis propuesta en unas buenas condiciones sanitarias». No obstante, según Diego esto no minimizará el impacto del consumo en el medio abierto/pisos, aunque ayudará mucho en el modo de compensación. «La gestión del placer necesita de más intervenciones y reflexiones desde todos los agentes implicados: justicia, vivienda, fuerzas de seguridad, equipos de intervención comunitaria y vecinos. Esta intervención ha de ser conjunta y con un plan de coordinación y seguimiento», reclama Diego.

El fenómeno de los narcopisos, inmuebles ocupados en los que se vende y consume droga, ha visibilizado el consumo y el tráfico de drogas en las grandes ciudades de manera significativa. Al margen de los vecinos, hay otro actor afectado que, en la mayor parte de los casos, se deja de lado: el consumidor o usuario de drogas, el último eslabón de la sociedad.

El barrio del Raval barcelonés es uno de los principales focos de esta problemática. Un barrio en el que el boom turístico y la especulación inmobiliaria han propiciado el desarrollo de este tipo de puntos de venta. En el mismo Raval, está ubicado el centro Baluard, donde reciben a muchos de los consumidores que frecuentan estos narcopisos, para ofrecerles un consumo supervisado destinado a minimizar los riesgos. Pero el centro va más allá, en Baluard se aborda la drogodependencia desde una perspectiva biopsicosocial, con un equipo de más de 63 profesionales formado por personal sanitario, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, médicos de familia, educadores sociales o integradores sociales.

Diego Arànega explica lo que ha supuesto el cambio de una sala de consumo supervisado a un centro de atención integral: «La intención de la preparación de los centros de atención en Barcelona tiene un sentido integral, porque cubre mayor oferta y ofrece más prestaciones. Con la directriz del Plan de Drogas, se ha establecido que todos los centros de atención y seguimiento de drogodependencias deban tener un pequeño equipamiento donde se pueda supervisar el consumo. Es decir, que la oferta de la ciudad te permita, como usuario de drogas, poder consumir en cualquier lugar de ella si lo precisas».

Según Diego, el objetivo de la reducción de daños es llegar a medio o largo plazo a la abstinencia, pero sin requerirla. «Si yo me estoy drogando y no quiero abstenerme, porque no puedo, soy incapaz o desconozco que exista eso, la reducción de daños lo único que hace es establecer un puente entre el consumo y el tratamiento». En esta línea de trabajo, se considera una mejora y un objetivo que un usuario haya reducido su consumo y haya decidido quedarse en ese punto, sin llegar a alcanzar la abstinencia.

Sergi Salinas es trabajador social de Baluard y trata con drogodependientes, con la intención de dar cobertura social a sus necesidades básicas en un proceso de acompañamiento, siempre a petición de los usuarios. «Yo trabajo con ellos independientemente de si están consumiendo o no. Para mí, el consumo no es problema. Trabajo tanto con la persona que quiere alcanzar la abstinencia como con aquellos que no quieren dejarlo», aclara Sergi.

Entre los lugares disponibles que tiene el usuario para consumir estarían, por un lado, la calle, donde protagonizan un importante papel los narcopisos y, por otro lado, las salas de venopunción. «Hay muchas personas que verbalizan que prefieren consumir en el centro de reducción de daños, porque es un entorno de seguridad. Saben que si les sienta mal el consumo se les puede atender», explica el trabajador social. Sin embargo, en los puntos de venta no hay límite de cantidad ni de tiempo. «Hay gente que entra en un piso y está consumiendo durante horas y horas hasta quedarse sin dinero.»

El objetivo de la ampliación a horario nocturno de Baluard es que cada vez más consumidores opten por esta alternativa controlada. En las salas de consumo, es el usuario quien aporta la sustancia. Se le hace un cribaje, preguntas básicas como cuándo fue la última vez que consumió y la sustancia que tomó. Y también se le ofrece la posibilidad de analizar la sustancia que va a consumir.

La cobertura mediática del fenómeno de los narcopisos ha provocado un efecto llamada a ojos de Sergi Salinas: «Creo que el hecho de que se haya mediatizado tanto el fenómeno da pie a que personas consumidoras de droga, que ya tenían sus propios puntos de compra, acudan en algún momento a estos narcopisos a consumir». Este trabajador social se refiere a los mapas publicados en los que se marcan los puntos de venta y que permite que algunos consumidores puedan obtener sustancias que antes no eran tan accesibles para ellos.

Asimismo Salinas apunta a algunos trabajadores de los narcopisos como otras víctimas más de la situación. Es decir, como consumidores que las propias mafias utilizan de intermediarios a cambio de una dosis en retribución.

El consumo no ha aumentado, solo se ha trasladado

En los centros atención y seguimiento de drogodependencias, como el CAS Baluard o el Lluís Companys, entre otros, se realizan programas como el intercambio de jeringuillas o la recogida de las mismas por parte de equipos de calle. Estos dos servicios son indicadores que pueden dar pistas sobre las fluctuaciones en el consumo de drogas.

Con la irrupción de los narcopisos, se ha hecho eco en los medios de un aumento en el consumo de drogas. En cambio, desde la percepción profesional del coordinador Arànega, este aumento no es real: «La dispensación de material estéril no ha cambiado, en sentido evolutivo, desde el verano pasado. Porque hay una dinámica, una inercia común». Consiste en un programa especial que nace de un equipo de atención comunitaria que dota de material estéril a los usuarios para que lo distribuyan en los espacios de consumo alternativo. Aunque no pueda accederse de manera directa, es un método para prevenir enfermedades contagiosas. «El consumo es más o menos el mismo, pero está en diferente escenario. Al estar más diversificado y disgregado, la gente tiene una sensación de mayor notoriedad, parece ser más tangible», añade Arànega.

Para Sergi, tampoco hay un incremento en el número de consumidores, sino que hay un turismo que puede influir en esa sensación: «Sí que ha coincidido que hay un turismo de gente consumidora que se sirve de esta oferta y, al mismo tiempo, los puntos de venta que estaban en zonas más periféricas ahora están concentrados en el centro de la ciudad. Desde los puntos de venta se amplía la demanda. Además del heroinómano de siempre, hay otro tipo de perfiles, como jóvenes turistas». Por su parte, Diego no cree que exista un turismo significativo destinado al consumo, como para construir un supuesto fenómeno mal denominado como narcoturismo: «En todos los centros de las grandes ciudades de Europa hay consumo de drogas. En Barcelona, la dificultad de la vivienda hace que esa diversificación aumente como sensación, pero no como cantidad», apunta Diego.

En este sentido, Sergi Salinas pide medidas contra la especulación inmobiliaria. «El problema de consumo no lo vamos a erradicar, sino a trasladar; es lo que se ha hecho siempre. Las políticas que deben llevarse a cabo tienen que ir dirigidas a la especulación inmobiliaria. Porque en los centros de tratamiento ya estamos trabajando con el consumidor, ellos mismos acceden», reclama.

Desde los inicios del CAS Baluard como sala de venopunción, es decir, sala de consumo supervisado, ya se tenía constancia de pisos de venta en los que se consumía droga. Diego se refiere a ellos como «pisos chutaderos»: «Los “pisos chutaderos” han existido toda la vida y el equipo de intervención comunitaria de Baluard siempre ha trabajado en contacto con ellos y con esta problemática. Estos pisos se concentraban en Raval Sur». Tal y como relata Diego, desde que se han trasladado a Raval Norte —una zona en la que se invirtió, por las expectativas de rentabilidad—, la problemática ha adquirido mayor visibilidad en los medios.

La recogida de jeringuillas es otro de los indicadores que refleja cómo se está desarrollando el consumo en las calles. Como ejemplo representativo, el coordinador de Baluard aporta datos recopilados en el programa de recogida de jeringuillas. Cuando el CAS Baluard abrió en el año 2004, se recogían alrededor de doce mil jeringuillas mensuales en el distrito de Ciutat Vella. En la actualidad, no llegan a mil mensuales. Sergi explica este cambio por la actitud y concienciación de los consumidores: «La gran mayoría de consumidores guardan sus jeringuillas y, al día siguiente, las llevan al centro para realizar el intercambio por unas limpias. La gran mayoría de medios no apuntan al problema, porque tampoco interesa».

El suministro de heroína como alternativa

Frente a la situación de la extensión de narcopisos, algunos vecinos plantean la dispensación de heroína sintética desde los centros sanitarios como una medida que tener en cuenta. Países como Holanda o Suiza ya la están implementando con buenos resultados. Para los agentes profesionales de drogodependencias, como Diego o Sergi, las razones son obvias. Al coordinador de Baluard es un programa que le gustaría aplicar en el centro: «Si yo te sustituyo el tratamiento, pero no te ofrezco todos los elementos sustitutivos, es decir, te doy metadona por vía oral, estamos obviando el ritual, la relación con la aguja». Diego lamenta que resulte tan difícil de aceptar un programa de estas características por un imaginario mental social preconcebido.

En Granada, fueron pioneros con un ensayo clínico llamado PEPSA (Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía), por el cual se aplicó el suministro médico de heroína inyectada a un grupo de toxicómanos. Según Gabriel Miró, abogado miembro del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la UB y del Grupo de Estudio Políticas del Cannabis, el programa tuvo mucho éxito, «a pesar de que España ha sido pionera en políticas de reducción de daños, no ha dado el paso a poder suministrar de forma controlada la propia sustancia», aclara Gabriel.

Los resultados del programa de suministro de heroína fueron más positivos en comparación con aquellos tratados solamente con metadona. Entre las personas seleccionadas se apreció una disminución de la delincuencia, una mejora de su salud y calidad de vida, además de una reducción en los gastos. Para el trabajador social Sergi, el poder tomar su dosis de heroína en el centro, como parte del tratamiento, permite a los usuarios llevar una vida normal sin el síndrome de abstinencia.

No obstante, el objetivo no se queda en la dispensación misma de heroína, sino que ha de ir acompañado de otras líneas de trabajo, como explica Diego: «Se trata de tener un objetivo detrás y acompañarlo de una intervención biopsicosocial real. La dispensación de heroína solo sustituye la parte de la abstinencia, la fisiológica». El trabajo en los centros de tratamiento cubriría también la parte psicológica, social, familiar, formativa y emocional. «Por eso ponemos una regulación, un programa que tenga sentido. La heroína no es peligrosa y adictiva porque mate, sino por todo lo que comporta», señala Diego.

En España, el consumo de drogas está despenalizado, no se contempla como delito. En cambio, el consumo y tenencia en la vía pública sí que está tipificado como falta administrativa dentro de la ley de Seguridad ciudadana y en las ordenanzas municipales. El abogado Gabriel Miró opina que hay que tender hacia una legalización fuertemente regulada y controlada por el Estado, «no solo del cannabis, sino de las otras sustancias más consumidas como el éxtasis, la heroína o la cocaína».

Según Gabriel, habría que pasar paulatinamente de un régimen de prohibición a un régimen de acceso legal, pero con restricciones: «Seguramente, habría que empezar con el cannabis y ensayar modelos hasta dar con el adecuado y aplicarlo a otras sustancias». Por su parte, a Sergi Salinas la idea de legalizar las drogas le parece muy oportuna: «El hecho de criminalizar a una persona por poseer una sustancia no le ayuda en nada. Simplemente, es añadir más conflictos a su problemática».

Entre los argumentos que se aportan a favor de la legalización del consumo y la tenencia, existen dos bloques. Un argumento sería el de la libertad y derecho de una persona a hacer con su cuerpo lo que quiera, sin que afecte a terceras personas. Y el segundo sería considerar que las políticas que se han llevado a cabo hasta ahora, el enfoque penal, ha fracasado completamente.

Gabriel Miró los clasifica como el «argumento esencialista», un derecho que hay que regular, y «el utilitarista», esta política ha fracasado y hay que buscar otras. El argumento que más fuerza adquiere, según Miró, sería el utilitarista: «Cuando más criminalizas una sustancia y a una persona, en más nociva se convierte esa sustancia y en situación de mayor vulnerabilidad está esa persona». Para el trabajador social Sergi, hay que cambiar la dinámica de luchar contra las drogas: «Desde mi punto de vista, la idea de luchar contra las drogas es bastante hipócrita. Fiscalizar las drogas da mucho dinero. Hay que centrarnos en aprender a vivir con ello y buscar soluciones alternativas».

Se estigmatiza al consumidor y, más aún, con las entradas en prisión

El perfil más común que acude a los centros de reducción de daños, según Diego Arànega, sería el de un hombre de procedencia comunitaria, de cualquier lugar de Europa, de unos 35 a 40 años, consumidor de heroína o cocaína por vía intravenosa y, en un alto porcentaje —que no llega al 50 por ciento—, que vive en la calle. Además de vivir en la calle, muchos no tienen documentación, están en situación irregular y no poseen ingresos económicos, lo que agrava mucho más su situación.

A esta complicada realidad del consumidor, hay que añadir en muchos casos las entradas y salidas de prisión por impago de sanciones económicas, lo que Salinas como trabajador social critica por la interrupción de los tratamientos: «Para personas que realizan tratamiento, que están acudiendo al centro con regularidad y con todos los profesionales implicados, esto estropea todos los planes de trabajo y genera mucha frustración».

En su mayor parte, se trata de delitos leves, como hurtos, con condenas de 25 o 30 días. En los casos en que la policía identifica al culpable, este no puede evitar el ingreso en prisión si tiene alguna requisitoria por cumplir. «Debería haber una modificación en el Código Penal para que, antes de meter a alguien en prisión, haya un leve examen previo, por si tiene alguna problemática de salud, y una mayor coordinación entre el ámbito judicial y el sanitario», apunta Miró.

En el Código Penal español, existe un desarrollo de medidas alternativas; en el caso de que la pena sea menor de cinco años, si se acredita que el delito ha sido cometido como consecuencia de la adicción a las drogas, el condenado puede beneficiarse de un seguimiento de programa de deshabituación —con los requisitos de que no se abandone el programa, haya un seguimiento sólido y, además, se aporte documentación médica en el juicio—. «Muchas veces son personas tan desorientadas que ni siquiera conocen a su abogado, uno de oficio, y al no tener domicilio conocido no puede contactarse con ellos, por lo que no se acredita su condición de drogodependiente», explica el abogado Gabriel Miró.

La fiscalización de las drogas no solo criminaliza al consumidor, sino que da pie al crecimiento de mafias ilegales que toman el mercado negro y saturan los centros penitenciarios. Según Miró, entre el 12 y 13 por ciento de personas que entran en prisión es debido al tráfico de drogas, «a esto hay que añadir todas las personas que cometen delitos relacionados con la obtención de la sustancia». El porcentaje es mucho menos que en la década de 1990, cuando abarcaba a casi el 50 por ciento de la población reclusa. «Igualmente, una legalización del cannabis, y de las demás sustancias después, vaciaría mucho las cárceles, aligeraría el sistema penal, reduciría mucho la potestad de la policía para realizar actuaciones arbitrarias en el espacio público y supondría una democratización del control penal importante», argumenta.

Integración de los drogodependientes en la comunidad

En el CAS Baluard, se desarrollan programas de integración como campeonatos de fútbol con usuarios de otros centros, boxeo, relación con el medio en un espacio de horticultura con otros agentes de la comunidad o paellas populares con los vecinos del barrio. «Las acciones que estamos llevando a cabo van dirigidas a que todos los usuarios participen de la comunidad, de la misma manera que la comunidad participa de ellos», aclara el coordinador de Baluard.

Estos espacios de convivencia potencian el acceso a cualquier lugar por las mismas vías que cualquier otra persona. Para Diego, «aun consumiendo drogas puedes llegar a compartir cosas y entender, ese es el paradigma del usuario». Sin embargo, aún queda mucho trabajo en cuanto a integración de los consumidores en la comunidad. «Siempre que se trata el tema del consumo de drogas en los medios se busca sensacionalizar al máximo y, en consecuencia, se estigmatiza a la persona. El foco se pone directamente en el consumidor», lamenta Salinas.

En este sentido, los individuos que se tratan en los centros de atención y seguimiento de drogodependencias son personas con enfermedades como cualquier otra, aunque unidas a otras problemáticas sociales que acompañan a esta adicción. «Todo el mundo presupone que el usuario de drogas tiene una parte de responsabilidad en su problemática, pero hay una parte que no. Los dedos que aprietan el émbolo son los mismos que una persona con trastornos de alimentación se mete en la boca para vomitar», compara el coordinador de Baluard.

De cara al futuro, Diego Arànega es optimista: «Habrá una mejora en la población en general. El impacto que reciba la comunidad y el usuario de drogas a nivel de salud será menor. Negaremos la aceptación de esta dificultad y problemática como residual del sistema, es decir, un producto más del sistema en el cual hay personas en esta situación».

Sergi Salinas reitera: «No tenemos que tratarlo como si el problema fuera el consumidor, sino que es el consumidor quien tiene un problema de adicción». La drogodependencia es un trastorno de dependencia al consumo contemplado en el Manual de Diagnóstico de Salud Mental DSM-5, sistema de clasificación en que se especifican los diversos trastornos mentales diagnosticados. «En realidad, las drogas han existido siempre y siempre existirán. Hay que normalizarlas, que no aceptarlas en todas sus versiones. Lo malo de la sustancia es el uso que se hace de ella, no la sustancia en sí», concluye Arànega. Por tanto, «demonizarla solo depende del exceso en la sustancia y de la dificultad de controlar esa pulsión hacia el exceso. Normalmente, la dificultad para controlar ese exceso/abuso es indicadora del fracaso para obtener el placer, respondiendo más a un modo de paliar la ansiedad o el malestar», añade.

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