Inserción (en la precariedad) laboral

Empobrecimiento social y políticas de inserción en el mercado de trabajo

Text: Masala / Infografías: María Pons | 06/11/2016

Desde hace años, el acceso al mercado de trabajo es el paradigma de las políticas públicas contra la pobreza y la exclusión: a mujeres y jóvenes migrantes, sin techo, víctimas de violencia de género y otros colectivos se les ofrece como salida el acceso al mercado laboral. Eso pese a que, desde 2008, ese mercado de trabajo, engrasado por la destrucción de derechos de las sucesivas reformas laborales, es precisamente una máquina de fabricar pobreza.

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En Cataluña, el cobro de la Renta Mínima de Inserción está condicionado a la realización de itinerarios de inserción sociolaboral, en un contexto con 668.600 personas paradas. Según los datos más actualizados de la Conselleria d’Empresa i Coneixement, las familias titulares de la RMI pasaron de ser 13.708 en 2008 a 27.071 en 2014, de las cuales 18.783 se encontraban en la provincia de Barcelona. Durante ese año, en toda Cataluña se suspendieron temporalmente 3.468 expedientes al encontrar trabajo sus titulares, casos en los que las personas afectadas volvieron a cobrar la ayuda tras retornar a la situación de desempleo. Más significativo es el número de expedientes extinguidos permanentemente: 5.651 familias perdieron la prestación, en la mayoría de los casos por llevar más de sesenta meses percibiéndola sin encontrar trabajo.1 Frente a esta cifra, únicamente en 260 casos (el 4,3 % del total de extinciones) se dio por finalizada la RMI gracias a la consecución de un empleo estable.

En el ámbito municipal, datos del programa Làbora del Ayuntamiento de Barcelona, indican que de las 8.103 personas derivadas a itinerarios de inserción laboral por los servicios sociales municipales a los denominados «Punts Làbora», que gestionan diferentes entidades, 1.029 consiguieron un contrato de más de tres meses y 508 uno inferior a ese tiempo; apenas un 19 % consiguió un empleo y solo un 12 % obtuvo un contrato que superara el trimestre. Por otro lado, desde Làbora afirman que los sectores en los que se concentran estos trabajos son «limpieza, servicios auxiliares y hostelería», aunque no nos han podido ofrecer datos sobre la proporción de cada uno de estos sectores o sobre las condiciones salariales. En cuanto a Ciutat Vella, 828 personas se han derivado a estos itinerarios, de las que 360 son mujeres y 413 hombres, mientras que de 55 personas no se recabó dicha información. En Làbora no nos han ofrecido datos sobre el número de inserciones en el ámbito del distrito.

Estas cifras no hablan tanto de una ineficacia de las estrategias institucionales o asociativas como de una realidad aplastante y, sobre todo, de una profunda contradicción entre las políticas que se hacen con una mano y las que se hacen con la otra. Las llamadas al espíritu emprendedor y a la superación personal estilo coaching,2 asociadas a ese paradigma de la redención por el trabajo, son retóricas de hojalata ante decisiones políticas y legislativas como los recortes en materia educativa, cultural, de derechos laborales o de atención social y sanitaria, que obviamente frustran cualquier intento individual o colectivo de escapar de las lógicas de exclusión.

Tejido asistencial y mercado de trabajo

En todo caso, esa centralidad del mercado de trabajo ha generado una profunda transformación de buena parte del tejido asistencial y asociativo. Además del crecimiento exponencial de las denominadas Empresas de Inserción —de una registrada en 2004 por la Generalitat a sesenta en la actualidad—, hoy día multitud de entidades realizan, de una u otra manera, una suerte de mediación con el mercado laboral, figurando en muchos casos inscritas como agencias de colocación.

Al respecto, las sensaciones que sobre el resultado final transmiten las personas de este ámbito con las que hemos hablado son amargas. Pedro Moreno, de Anem per Feina, afirma que «las empresas no tienen en cuenta que las mujeres que acuden a nosotros en la mayoría de casos tienen responsabilidades familiares, incompatibles con los horarios y condiciones que se ofrecen. Por eso, a día de hoy, la mayoría de inserciones que hacemos son de trabajo doméstico y tratando directamente con familias». Nacho Sequeira, de la Fundació Èxit, nos relata que «en la celebración de los 15 años de la fundación, una chica que ahora trabaja de barrendera nos decía: “Me gustaría daros otro mensaje pero yo estoy puteada, después de quince años sigo superprecaria: curro, me da para unos meses, se me acaba, estoy tres meses sin trabajar… estoy en una rueda que no es lo que yo me imaginaba hace quince años”». En otros casos nos hemos encontrado silencios. El Casal dels Infants, una entidad que siempre ha dado suma importancia a la comunicación, en esta ocasión ha declinado nuestra petición de entrevista porque «de cara a nuestra relación con las empresas puede afectarnos».

La preocupación de una parte de estas entidades por esta inserción en la precariedad se manifestó en octubre de 2015 a través de la campaña «Busco Feina Digna» de la Xarxa Laboral del Raval, en la que asociaciones dedicadas a esta labor reconocen que constantemente detectan, entre las personas con las que trabajan, «casos de privació dels drets més elementals: treball sense contracte, jornades laborals sense cap tipus de descans, nombre d’hores treballades per sobre de l’estipulat en el contracte i/o no remunerades, impagaments o retards en el pagament de la prestació dels seus serveis, limitacions a la llibertat sindical, percepció de salaris molt per sota del salari mínim interprofessional i un llarg etcètera».

La máscara de la responsabilidad social corporativa

Un caso representativo del tipo de empleos que finalmente se consiguen a través de estos procesos es P., que llegó a Barcelona desde Senegal en 2006 y que prefiere mantener el anonimato. Después de trabajar en la venta ambulante o de peluquera, desde 2011 ha alternado empleos de servicio doméstico, en los que podía cobrar entre 400 y 800 € dependiendo de la duración de la jornada, con otros de camarera de piso, que es su trabajo actual: «En 2012, conseguí trabajo en un hotel donde cobraba 1.100 € por una jornada completa, pero me despidieron meses después por estar embarazada. Ahora he vuelto al mismo trabajo por 700 €, por las mismas horas y con más habitaciones». P., con una criatura a su cargo en solitario, tiene que complementar este sueldo con otro trabajo de media jornada haciendo servicio doméstico.

El colectivo de camareras de piso Las Kellys (véase Masala, n.º 71) daba voz en su blog, hace unos meses, a la historia de Micaela, contratada a través de un itinerario de inserción por una empresa de servicios externalizados para hoteles: «No sabía leer ni escribir, a lo sumo sabía poner su nombre. La empresa externa la mandaba de extra a los hoteles cuando los picos de ocupación subían […] a cambio de un sueldo precario y nada acorde al trabajo que desempeña».

Nacho Sequeira nos explica cómo funciona la denominada «formación a medida» en el seno del programa Yob de la Fundació Èxit, una organización que trabaja con jóvenes y que tiene la peculiaridad de relacionarse con un amplio elenco de grandes marcas: «Se trata de una formación para una empresa como Carrefour o FNAC, y el objetivo y el compromiso es que un porcentaje de esos chavales acaben trabajando en esa empresa. Si, por ejemplo, la FNAC quiere contratar a cinco personas para la campaña de Navidad, montamos un grupo de quince chavales a los que se les da una formación entre la empresa y nosotros, con el compromiso de que al menos cinco obtengan un contrato». Sequeira reconoce que «suelen ser contratos de campaña y temporada, aunque también hay casos en los que algunos pasan a formar parte de la bolsa de empleo de la empresa. Hay chicos que han conseguido contratos indefinidos, pero son los menos».

Por lo que hemos podido comprobar, la denominada «responsabilidad social corporativa» no pasa del mero hecho de contratar a alguien en situación de exclusión, sin que eso incluya ningún tipo de compromiso en torno a las condiciones de trabajo o la estabilidad del empleo. José Alonso, de Fundació Èxit, sí resalta que, aparte de en los ámbitos de formación o empleo, «intentamos que algunas de estas empresas financien partes del proyecto, como la beca de transporte que tiene el alumno, o convirtiéndose en donante financiando parte de los costes de coordinación que nosotros hacemos».

Lo que nos confirman absolutamente todas las fuentes es que no existen, ni en clave de código ético ni de contrato previo entidad/empresa, unas normas que establezcan de manera sustantiva el compromiso social en unos mínimos derechos y obligaciones. Desde Làbora afirman que «considerem de vital importància el fet de clarificar i concretar sempre amb l’empresa les condicions laborals prèviament a oferir el lloc de treball», pero reconocen que «tampoc podem influir en el tipus de contracte; sempre evitem que siguin situacions de sobreexplotació, però en l’actualitat són treballs de quinze dies, un mes…».

Por su parte, Raquel Burgueño, del programa «Incorpora» de La Caixa, también reconoce que no hay ningún compromiso previo más que «el que haya un contrato de por medio. La empresa te hace llegar lo que necesita, que pueden ser quince días o tres meses, y nosotros lo trasladamos al beneficiario. Normalmente, nuestros beneficiarios no cobran ningún tipo de ayuda y esta oferta les permite volver a entrar en la rueda del mercado». Aún así, quiere enfatizar que Incorpora «no es una agencia de colocación. […] La diferencia entre el programa Incorpora y una ETT es que no proveemos currículum y ya está, sino que hemos invertido en un empoderamiento de las personas».

Podemos decir que, aunque la inserción laboral pretenda evitar la caridad para ofrecer formas de autonomía económica, lo cierto es que por parte de las empresas el compromiso se reduce a la caridad por otros medios. De alguna manera, la denominada responsabilidad social corporativa ha sustituido al viejo lema «siente un pobre a su mesa» por el de «contrate un pobre en su empresa», sin que haya cambiado en esencia la razón caritativa. Al menos si pensamos que el trabajo ofrece autonomía y dignidad sólo en la medida en que permite que ambas dimensiones humanas puedan desarrollarse. Y no parece el caso.

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Trabajo y empobrecimiento masivo

Lo que desde las ciencias sociales se ha venido llamando el workfare —acceso al bienestar por la vía del trabajo— se estrella en este contexto contra un muro o, más bien, contra la otra puerta giratoria: la del empobrecimiento. Quienes trabajan se las ven y se las desean para cubrir unos mínimos de subsistencia; quienes pasan al paro de larga duración acaban engrosando las cifras récord de pobreza estructural; y quienes pretenden salir de la exclusión mediante el acceso al empleo se encuentran con otra forma diferente de convertirse en carne de cañón.

Frente a las políticas del mal menor, cabe preguntarse sobre las alternativas. Noemí Magre, de la Xarxa Laboral del Raval, considera que una política diferente «sería la creación de empleo público, de manera que las administraciones pudieran determinar las condiciones de trabajo y abrir otras perspectivas diferentes». En otra escala, hay que incidir en la incongruencia de las políticas aplicadas a colectivos a cuya actividad se niega el reconocimiento como trabajo, caso de las mujeres que ejercen prostitución o el colectivo de manteros. Aunque en el caso del trabajo sexual, algunas declaraciones desde Barcelona en Comú han apuntado a la búsqueda de otras vías, lo cierto es que la práctica política sigue siendo la misma en ambos casos: persecución acompañada de itinerarios de formación e inserción laboral. Un ayuntamiento no tiene competencias para reconocer derechos laborales, pero sí para propiciar, a través de los planes de usos u otras iniciativas, que el trabajo sexual o la venta ambulante sean actividades ejercidas con seguridad y sin persecución; un mecanismo de inclusión más efectivo y menos frustrante que los intentos de inserción en la precariedad.

«INCORPORA» Y LA CAIXA, EL GRAN GESTOR DE LA MANO DE OBRA EXCLUIDA

El programa «Incorpora» de La Caixa se presenta a las empresas como «un servei d’intermediació laboral, que sense cap cost econòmic, assessora sobre les bonificacions i les desgravacions fiscals previstes en la normativa vigent, dóna suport previ i seguiment de la contractació i col·labora amb l’empresa». Actualmente este programa, que además de en el Estado español, se extiende también a Marruecos y Polonia, centraliza buena parte de los recursos en materia de inserción laboral existentes en Cataluña para personas en situaciones de exclusión.

Las personas del ámbito asociativo con las que hemos hablado coinciden en que hoy es casi imposible hacer un trabajo en este ámbito sin pasar por Incorpora, ya que concentra el personal y la capacidad estructural y económica para la prospección masiva de empresas. En este sentido, la coordinadora provincial del programa en Barcelona, Raquel Burgueño, nos explica que «el programa Incorpora centraliza las demandas, las hace llegar a las entidades y en ese proceso se seleccionan los perfiles que pueden cubrir esa demanda».

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En el ámbito catalán, el presupuesto que maneja este programa para 2016 es de 6,7 millones de euros. Teniendo en cuenta que desde la oficina de comunicación de La Caixa nos informan de que «estas cifras se han mantenido estables a lo largo de los últimos años», podemos establecer una comparación con el gasto de la Conselleria dʼEmpresa i Ocupació para políticas de inserción destinadas a personas beneficiarias de la RMI. En 2014, la Conselleria ejecutó 2.634.269,47 € para el MARMI (programa de Mesures Actives dʼInserció per a persones destinatàries de la RMI) y 217.124 € en «subvencions a Entitats Col·laboradores dʼInserció, Empreses dʼInserció i Projectes dʼAutoocupació». Aunque no hemos conseguido los datos a escala urbana y de distrito, como hubiéramos querido, esta relación se repite también en el ámbito provincial. Incorpora dispone de un presupuesto de 4,6 millones de euros para toda la provincia de Barcelona, mientras la Generalitat gastó, en 2014, 1.593.814 € en esta materia.

Notas:

1 No es tarea de este artículo analizar los cuestionables criterios y filtros utilizados desde la Generalitat para admitir o denegar el acceso a la RMI, o las tácticas malintencionadas, como el envío de notificaciones en pleno mes de agosto, utilizadas en algunos momentos con el fin deliberado de provocar la infracción por ausencia de las personas beneficiarias.

2 Término de origen inglés muy de moda (su traducción sería «entrenamiento») y utilizado por algunas entidades que hace énfasis en el autodescubrimiento y la potenciación de las capacidades individuales. Se ha convertido en una especie de modelo de psicoanálisis exprés aplicado a multitud de campos, en los que el «conocerse» a uno mismo carece de importancia frente al «creer» en uno mismo, lo cual sería la base de un supuesto crecimiento personal o, en la materia que nos afecta, social y laboral.

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