[...] Les han preguntado cómo se llamaba
«el que no es nada, no merece nombre»
lo han enterrado y, vaya reunión,
se han acercado miles de arañas y gusanos,
los ocho agujeros de costumbre,
boca, nariz, orejas, culo, y ojos, han aparecido,
alegres al interior de estos se dirigen,
pero se han encontrado un agujero de sobra,
en medio de la espalda, oscuro, negro y frío
cortante se le ha metido la bala de una pistola.
Protestan los gusanos, murmulla una araña:
«No hay derecho, hay que hacer algo».
A la prensa han acudido: «¿Esto no esta prohibido?
¿nueve agujeros, no son demasiados?» [...]
Kortatu, 9zulo
El homicidio de Juan Andrés Benítez, el 5 de octubre de 2013, golpeado y aplastado en la calle Aurora por parte de seis mossos dʼesquadra con la complicidad de dos agentes más, ante la mirada impotente de decenas de personas que contemplaron la escena desde sus ventanas y a pie de calle, se ha cerrado en falso a través de una salida de emergencia para la maquinaria de la impunidad que se puso en marcha desde el momento mismo en que se certificó su muerte.
El pasado 9 de mayo, un pacto entre la fiscalía, el abogado de la familia de Juan Andrés, las defensas de los mossos y la Associació Catalana de Drets Humans (ACDDH) —que ignoró el mandato de la campaña Justicia Juan Andrés, impulsora de la acusación popular— evitó que se celebrara el juicio. A cambio de una condena de dos años de cárcel que no tendrán que cumplir y dos de suspensión profesional, de no patrullar en la calle y de no poder acercarse a mil metros del lugar del homicidio, los policías convierten el reconocimiento de la culpa en su pasaporte a la impunidad: seguirán trabajando en el cuerpo policial tras el período de suspensión, según confirmaba al día siguiente el director general de la policía, Albert Batlle. La peor consecuencia de sus actos será pasar de la calle a un despacho.
En conversación con Masala, el abogado de la ACDDH, Àlex Solà afirmaba que «en la medida en que hay una condena, aunque no sea todo lo que hubiéramos querido, no se puede afirmar que hay impunidad». A la pregunta de si existe un precedente a un pacto de este tipo, Solà reconoce que «no recuerdo ninguno ni en mi asociación ni en otra, pero en este caso hay la diferencia del reconocimiento de la culpabilidad por parte de los acusados». Por otro lado, Solà tampoco recuerda ningún precedente en el que se haya llegado a un pacto sin contar con el colectivo impulsor de la acusación.
Es necesario recordar que Juan Andrés Benítez estaba condenado a ser un breve en los periódicos, un relleno del telediario, hasta que el Raval, como una voz colectiva, se empezó a hacer preguntas. Desde el 6 de octubre de 2013, el barrio era un murmullo de dudas y comunicaciones que, con el tiempo, se convirtieron en un grito común de indignación y coraje. Preguntas, murmullos y gritos, convertidos en certezas en la medida en la que se iban acumulando las pruebas confirmadas hoy por una sentencia: ¿«dos patadas y cinco puñetazos en la parte superior del cuerpo», «seis puñetazos y golpes de rodilla en las extremidades inferiores del finado», «el uso de la defensa policial sobre el cuerpo por parte de dos agentes»? «Protestan los gusanos, murmulla una araña: “no hay derecho, hay que hacer algo”. A la prensa han acudido: “¿esto no está prohibido? ¿once puñetazos, dos patadas, golpes de rodilla, no son demasiados?”.»
La campaña
La campaña Justicia Juan Andrés fue como un imprevisto en el «orden natural» de las cosas. Desde el principio se había puesto en marcha un aparato de difamación de la víctima para blindar la responsabilidad de la muerte: el Sindicat de Policies de Catalunya y CC.OO. afirmaban que dos de los agentes «es troben actualment en tractament amb fàrmacs retrovirals» violando cualquier protocolo de protección de datos, criminalizando al muerto como seropositivo, y acusándole también de «posible consumo de estupefacientes». La estrategia: paletadas de mierda y fango sobre el muerto. En un barrio donde el término «digno» y «dignidad» se han utilizado hasta la saciedad, esa voluntad de esparcir mierda se encontró con un trabajo colectivo que le dio un significado real y profundo a palabras utilizadas a menudo de manera superflua: digno es defender la verdad, cuidar de la memoria de un hombre sea cual sea su nombre, reconocer a un vecino y defenderlo de sus asesinos y de quien lo difama. La campaña llevada a cabo desde el barrio no sólo consiguió articular una denuncia política y mediática, desactivando la criminalización de la víctima, sino que elaboró las bases y las pruebas que permitieron una acusación sólida: los vídeos, los testimonios, el propio relato de los acontecimientos que hoy todo el mundo reconoce. La intención en algunas declaraciones de separar el saber jurídico de la voluntad de justicia expresada por la campaña, minusvalorando el papel de ésta como pataleta ciudadana, olvida que si el caso ha podido tener una instrucción y un recorrido, se ha debido, en buena parte, al trabajo de la campaña misma.
Un sentido de la justicia sobre el que, a medida que se acercaba el juicio, se multiplicaban las presiones. Al doble intento de fiscalía, defensas y el abogado de la familia de expulsar del caso a la acusación popular, se unió durante la última semana una intensa presión que buscaba dar carta de naturaleza al pacto. La Vanguardia titulaba el 5 de mayo: «Fiscal aboga por un pacto ante “el incierto desenlace” del “caso Benítez”». En el programa 8 al dia (8tv) de Josep Cuní, el periodista Marc Villanueva disparaba sin contemplaciones contra la acusación popular: «El dilema está servido: ¿qué pesa más? ¿La voluntad de la víctima o el interés de alguien que no tiene nada que ver con el caso?» [sic]. Finalmente, el 9 de mayo, después de que la campaña Justicia Juan Andrés se pronunciara claramente en contra de cualquier pacto, tanto públicamente como en las conversaciones con los abogados de la ACDDH, estos tomaban la decisión unilateral de aceptarlo.
El portazo a la posibilidad de justicia que ha supuesto el desenlace judicial se ha basado precisamente en ningunear y desplazar a quienes lo habían hecho factible. Una decisión como ésta, en el fondo y en la forma, mina el sentido de la justicia construido desde la sociedad civil que, más allá del cálculo coste-beneficio político o jurídico, busca verdad y reparación. Al final, una falsa condena sólo refuerza la maquinaria de la impunidad.
Proteger a los agresores y criminalizar a la víctima
Desde aquel 5 de octubre de 2013, el nombre de Juan Andrés ha estado en muchas bocas, en demasiados casos para juzgarlo. El mismo lunes después del pacto, el tertuliano de 8tv Jaume Alonso-Cuevillas se aventuraba a hablar de que «la seva vida disoluta es prou coneguda» y Montserrat Nebrera, que debe de tener una vida bendecida con agua bendita, hablaba de Juan Andrés como «una persona amb un consum de cocaïna estrafalari». En cambio, la protección de los nombres de Joel Navarro Agell, David García Manzano, David Cruz Milla, Eduardo Gallardo Vicens, Ramón de Dios López, Jesús Jamal Rueda, Marc Vargas Plana y Elisenda Gimeno Rabella, responsables de su muerte, ha sido exquisita, incluidas presiones los días antes del juicio para que los medios de comunicación no dieran sus nombres.