La organización el pasado miércoles 14 de febrero de lo que la asociación Roig-Picalquers-Robador ha denominado como narcotour por el Raval, para una treintena de medios de comunicación, creo que merece una reflexión profunda, desde sectores del Raval que no nos sentimos para nada representados por una iniciativa como esta.
Personalmente, he sido testigo en segundo plano de su gestación, como parte de una lista de whatsapp de la asociación utilizada para difundir información a medios de comunicación, y de la que formo parte en representación de Masala. He podido ver cómo lo que podía ser al principio un simple mecanismo vecinal para dar a conocer a medios e instancias políticas una determinada realidad se ha acabado convirtiendo en un espectáculo para «35 medios locales, nacionales e internacionales en las ramas de prensa escrita, prensa digital, televisión, radio y dos equipos de documentalistas» que «tuvieron oportunidad de entrevistar a personas del vecindario, apreciar la realidad de los narcopisos, ver estructuras incendiadas mientras se usaban para delinquir y apreciar la situación actual de algunas de las calles más sórdidas existentes en el Raval». En mi opinión, el resultado final ha sido el de un parque temático para consumo de medios de comunicación, en el que no se ha hablado de las causas profundas —leyendo las noticias sobre el evento, la probada responsabilidad de las entidades financieras o no existe o pasa a un tercer plano— y sobre el que, mayoritariamente, esos 35 medios no han aportado ninguna información relevante acerca de la gravedad del problema, aunque sí han explotado sus aspectos más morbosos. Incluso Beatriz Pérez, en El Periódico, afirmaba que «El Raval no está para que, a su humeante día a día, se sume el circo mediático».
Así, en realidad, el autodenominado narcotour —un concepto que sorprendentemente parece que ha sido asumido con cierto orgullo por sus creadores, pero del que parece existir el precedente de una ruta en honor a Pablo Escobar— no ha visibilizado nada nuevo respecto a lo que los propios colectivos vecinales vienen documentando de manera fehaciente desde la primavera de 2017. Hay que decir que, si bien se dieron diversas tácticas comunicativas, algo que al menos a mí me resultó llamativo fue cómo el vecindario hizo periodismo de investigación —ir al registro de la propiedad, establecer conexiones, documentar un contexto…— frente a una mayoría de medios que se limitaban a reproducir el material fotográfico más sensacionalista —también proporcionado por los colectivos barriales— y que, a menudo, ni siquiera prestaron atención a una bien documentada denuncia vecinal sobre el papel de las entidades financieras. El narcotour ha invisibilizado todo eso, primando una estética de la sordidez que no explica la gravedad del problema —un parque inmobiliario abandonado a la degradación por sus propietarios, en un barrio donde se producen decenas de desahucios cada mes—, sino que da una imagen meramente delincuencial del Raval. Más allá de algunas declaraciones concretas, escasamente recogidas, los grandes criminales de esta realidad han sido precisamente los grandes ausentes de una ruta que, para mostrar la imagen completa, bien podía haber incluido unas cuantas sucursales bancarias.
La iniciativa, por tanto, ha encajado perfectamente en la manera en que la mayoría de medios buscan en el Raval el imaginario de peligro y de territorio peligroso, reproduciendo la mirada morbosa y la estigmatización de un barrio cuyas situaciones de pobreza estructural han servido para imponerle históricamente la etiqueta de bajos fondos. Un calificativo que, en la medida en que se atribuye a una zona, acaba por salpicar a todos sus habitantes. Incluso un portavoz autorizado de la asociación aconsejaba a los participantes en el narcotour: «No dejen nada dentro de coches en parkings cercanos y tengamos mucha prudencia y colaboración entre todos. No es susto previo, sino simple y llana realidad barrial». El precedente de un robo de un equipo de televisión en un aparcamiento del barrio hace unos meses, que en el Eixample, Sants o Gràcia hubiera sido un simple hurto, en este caso se convierte en «realidad barrial». Lo llamativo es que sea precisamente un grupo de vecinos del mismo barrio el que, más allá de las diferentes visiones sobre los problemas y sus soluciones, no se haya parado a pensar sobre los criterios para denunciar sin ambages los problemas graves del Raval pero sin contribuir a su criminalización. Para quienes vivimos, trabajamos o tenemos una estrecha relación con este barrio desde hace años, esto es precisamente algo sobre lo que tenemos que pensar cada día, mientras soportamos con impotencia y a regañadientes como lo hacen determinados medios de comunicación.
El narcotour, en realidad, tiene la intención por parte de sus promotores de monopolizar, cara a los medios de comunicación, la interlocución vecinal respecto a un problema sobre el que existen múltiples sensibilidades, lecturas y estrategias. En algunas de las declaraciones, a través del anteriormente citado grupo de whatsapp —en el cual envían tanto sus comunicados como sus alertas y declaraciones oficiales—, el grupo se ha presentado ante los medios como «los vecinos verdaderamente comprometidos con el tema de los narcopisos» y han tildado a otros grupos de ser «aliados del Ayuntamiento» o de «no haber hecho hasta ahora ninguna actividad ni siquiera parecida a la nuestra», después de que se anunciara una visita de Ada Colau al Raval para esta cuestión, pero no en el marco del narcotour. La voluntad evidente de esta actividad, creo que es la de convertir a esta asociación en el único referente vecinal, en detrimento de la multiplicidad de colectivos que trabajan desde hace prácticamente un año en esta cuestión.
Esa voluntad de monopolizar incluye lógicamente la búsqueda de un clima de opinión pública a favor de un determinado tipo de soluciones. No entro aquí en la acusación vertida sobre la afinidad entre Ciutadans y RPR, pero coinciden la lectura, las soluciones y algún tuit entusiasta por parte de la asociación, sobre la propuesta naranja para que «se apliquen medidas contra la okupación, y que se haga urgentemente» (Begoña Villacís, EFE, 15/02/2018), como el paradigma para solucionar el problema. La pregunta es qué pasará cuando la probada capacidad de los traficantes para salir de un piso y entrar en otro haga inútil el desalojo exprés que pretenden, y cuando se multiplique el número de familias expulsadas gracias a este, sin que se haya resuelto el problema estructural: la impunidad de los bancos y grandes propietarios para abandonar pisos y fincas, y para obligar, por la fuerza o por la fuerza de los precios, a cientos de personas a abandonar sus viviendas.