Inseguridad es la palabra favorita de algunos sectores políticos, mediáticos y también vecinales, a la hora de referirse al Raval. Un barrio estigmatizado como territorio de excepción, en el que su solo nombre se asocia a inseguridad y en el que seguridad suele asociarse a «más policía». Después de los acontecimientos de la noche del sábado 5, cuando Juan Andrés Benítez Álvarez, vecino de calle Aurora, murió tras ser inmovilizado y presuntamente golpeado por varios Mossos d’Esquadra, esos imaginarios de seguridad e inseguridad deberían estar en tela de juicio.
Impunidad policial
Que una escena que quienes pudieron presenciarla la describen como particularmente violenta, se produjera ante decenas de testigos sin que la partida de mossos que participó en ella se inmutara –al menos hasta que la víctima dio los primeros síntomas de colapso-, es un hecho sintomático de la sensación de impunidad con la que actúan los cuerpos policiales en esta zona.
Que la familía no conociera el paradero del cadáver durante casi una semana, también es difícil de creer que se hubiera podido producir si los hechos no hubieran ocurrido en el Raval. Desde la madrugada del sábado 5 al 6 de octubre hasta el viernes 11, familiares y amistades de Juan Andrés Benítez Álvarez no supieron donde se encontraba el cuerpo del fallecido. Según la web del periódico Diagonal, el Hospital Clínic habría atribuido esta situación a un error al registrar los datos de la víctima.
Por otra parte, ni la Conselleria d’Interior ni los servicios sanitarios han facilitado aún el momento exacto del fallecimiento, aplicando al caso un oscurantismo que ayuda poco a despejar las sospechas que se ciernen sobre la actuación del cuerpo policial.
La versión oficial
Los hechos, ya relatados en diversos medios de comunicación, se produjeron el sábado entre las 21 y las 21:30 horas, cuando se inició una pelea en la calle Aurora entre la víctima y otro vecino, identificado como Elías. Éste habría aparcado su coche con su familia en su interior mientras descargaba la compra, momento en el que Juan Andrés salía de su domicilio acusando a la familia de haber robado a su perro. Se produjo entonces una trifulca a puñetazos, frenada por otras personas que en esos momentos se encontraban en la calle.
Fue tras la llegada de la dotación de Mossos d’Esquadra al lugar de los hechos, concretamente al intentar identificar Juan Andrés, cuando se producirían los hechos que acabaron en el desenlace fatal. La versión policial, ratificada por Elías, afirma que la víctima habría intentado irse del lugar, empujando y mordiendo a una agente que intentaba impedírselo, y manteniendo una actitud agresiva. En ese momento, siempre según este relato, el resto de policías procedían a inmovilizarlo y «una vez esposado perdió el conocimiento», según declaraciones a El País del departamento de comunicación de Mossos d’Esquadra.
Sin causa probable, improbable casualidad
Pero la narración policial ha eludido hasta ahora la causa probable de la muerte, limitándose a indicar que la víctima ya se encontraba ensangrentada cuando llegaron al lugar de los hechos, señalando subrepticiamente a la pelea con Elías como la posible causa de los daños físicos sufridos por el fallecido. Aunque el portavoz del Sindicat de Policies de Catalunya, David Miquel, se ha referido en declaraciones a La Sexta a un «posible consumo de estupefacientes» por parte de la víctima, ni la versión sindical ni la facilitada por Interior se ha atrevido a atribuir la muerte a este motivo. A falta de la autopsia, que es la que ha de establecer el motivo de la muerte, la versión oficial sugiere una casualidad improbable: muerte súbita ocurrida en el momento de aplicarse un ejercicio de extrema fuerza física, pero sin ninguna relación directa con éste.
Alrededor de 10 minutos de inmovilización
Lo cierto es que los hechos los contemplaron decenas de testigos a pie de calle o desde las ventanas. Y prácticamente todos los testimonios ajenos a la policía y Elías coinciden en un aspecto fundamental: tras ser inmovilizado y esposado, Juan Andrés tuvo sobre él varios mossos d’esquadra durante un periodo de aproximadamente diez minutos, mientras se quejaba dolorido. Edi Emilov, vecino de la calle que denunció lo ocurrido ante el juzgado de guardia y que ha explicado los hechos a diversos medios de comunicación, afirma que Juan Andrés fue «inmovilizado de pies y manos por ocho mossos que se le echaron encima, y siguieron golpeándolo cuando en realidad ya lo tenían [paralizado]».
Con esta versión coinciden Toni S., Salvador R. y Sergi, tres vecinos de la calle con los que ha hablado Masala, y que afirman que era concretamente uno de los agentes el que propinaba de manera intermitente puñetazos a Juan Andrés, mientras el resto lo presionaban contra el suelo con brazos y rodillas. Los tres vecinos, residentes en diferentes zonas de la calle, coinciden en señalar que fueron alrededor de diez minutos los que pasó la víctima en el suelo aprisionado por el grupo de mossos, de tal manera «que no se le veía la cabeza de tantas personas que tenía encima» afirma Toni S. Por su parte, Salvador R., afirma haber visto, además de golpes de puño, como uno de los agentes «le golpeaba también con la rodilla». Toni S. también ha señalado que antes de que tuviera que ser reanimado «cuando todavía lo estaban placando, dos sanitarios se acercaron un momento y, tras comprobar algo, volvieron a la ambulancia andando tranquilamente, sin ninguna señal de alarma».
Posteriormente el cuerpo fue trasladado por los agentes a un coche policial «pero parecía un peso muerto» afirma Toni. Fue en ese momento cuando uno de los agentes pareció percatarse de que algo no iba bien: «uno que estaba de pie junto al coche alertó a los servicios sanitarios, lo sacaron y lo colocaron en el suelo, donde intentaron hacerle un masaje cardiaco. Luego lo trasladaron a la ambulancia». El testimonio de Toni S. coincide con el de Edi Emilov en que el cuerpo estuvo un largo tiempo en la ambulancia sin que esta partiera hacia el hospital.
¿Eliminación de pruebas?
Ambos también coinciden en señalar que uno de los policías derramó una botella de agua sobre los restos de sangre que quedaron en el suelo. Toni S. además añade que, mientras quienes habían participado en los hechos eran agentes de patrulla, «el que derramó el agua sobre la sangre (una botella de un litro) llevaba uniforme antidisturbios». En su testimonio, Edi Emilov también afirma que cinco minutos después de marchar la policía, los servicios de limpieza de BCNeta acudieron a limpiar el lugar de los hechos.
Asistencia sindical y jurídica a las 23:30 del domingo
La actuación de los propios sindicatos policiales el día después es indicativa de la gravedad que le atribuyeron a lo ocurrido los propios agentes participantes en el operativo. El Sindicat de Policies de Catalunya ha afirmado en un comunicado que «a les 23:30h de la nit de diumenge es van desplaçar fins a l’ABP de Ciutat Vella dos delegats sindicals, per tal de posar a la disposició dels afiliats tots els recursos del nostre sindicat». El SPC requirió, en cuestión de minutos, la presencia del abogado Josep Maria Fuster-Fabra, defensor en el pasado del asesino de los GAL Enrique Rodríguez Galindo: «abans de la mitjanit ja s’havia personat al lloc el nostre advocat, Josep Maria Fuster-Fabra per tal d’assessorar els agents com a pas previ per fer-se càrrec de la defensa dels afiliats SPC». El sindicato ya tenía claro estar ante hechos graves y potencialmente punibles.
Estigmatización de la víctima
En todo caso, tanto el SPC como la sección de Mossos d’Esquadra de Comisiones Obreras consideraron que la mejor defensa era un buen ataque a la víctima. Ambos sindicatos hacían públicos sendos comunicados en los que afirmaban que «a conseqüència de les agressions que van patir els agents durant la detenció, dos agents es troben actualment en tractament amb fàrmacs retrovirals, el qual hauran de mantenir durant un any». Queda clara la voluntad de degradar la imagen del fallecido, con el calificativo nada subliminal de sidoso, como mecanismo de defensa de la actuación policial.
El uso como arma arrojadiza de lo que se denomina como profilaxis postexposición, en la que ha de aplicarse un rigor especial en la protección de datos personales, fue denunciado por el Comitè 1 de Desembre, que agrupa diferentes grupos de defensa de los derechos de las personas con VIH. Esta plataforma ha exigido «accions legals cap al Sindicat de Policies de Catalunya per utilitzar el supòsit de seroestatus de la persona morta, la qual considerem dóna lloc a discriminació».
Violencia policial y estigma en el Raval
De diferentes maneras la relación entre estigmatización y violencia policial es un hecho cotidiano en el Raval y Ciutat Vella, al que, por cierto, tampoco son ajenos los medios de comunicación. Lo que ocurrió el pasado sábado es la manifestación extrema de unas prácticas policiales que, si bien pueden darse en cualquier parte, en el centro de Barcelona y particularmente en el Raval, forman parte del día a día. Si bien esta violencia policial está generalmente asociada a identificaciones racistas o detenciones arbitrarias, razzias donde se mezcla delincuencia e inmigración, o acoso policial a trabajadoras del sexo, las lógicas de excepción que se aplican al barrio entero suponen, como en el caso de Juan Andrés, que cualquiera puede estar sometido a ellas. Éste, como otros casos, es la punta del iceberg de un barrio tratado como zona de guerra. ¿O podría ocurrir en Sarrià que un hombre implicado en una pelea muriera precisamente después de aparecer en escena la policía? Vivir en el Raval es, en definitiva, vivir en presunción de culpabilidad.