Antoni Vives y Mercè Homs cobraban de Port 2000 y de la Autoritat Portuària mientras decidían el futuro del Port Vell

Masala / Ilustración: @electric | 17/03/2013

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Ilustración / Amonal

El pleno del Ajuntament de Barcelona ha creado una nueva categoría de documentación pública: los «expedientes meiga». Haberlos haylos, incluso hay quien ha podido verlos, pero su exposición pública está vedada. Se pueden estudiar pero no se pueden enseñar. Su contenido puede comunicarse pero no se pueden mostrar. El Registre d’Interessos de la Corporació Municipal, donde los representantes políticos declaran su patrimonio e ingresos, no se puede fotocopiar ni fotografiar, nada que permita reproducir los documentos. En definitiva, apariencia más que transparencia, o transparencia con gruesos brochazos de opacidad.

Un pudor comprensible al comprobar cómo se disparan los ingresos de los miembros de la corporación fruto de las dietas que cobran por su pertenencia a diferentes organismos públicos, empresas público-privadas y sociedades públicas de derecho privado. Camilo Baquero y Àngels Pinyols publicaban el pasado 7 de febrero que un tercio de los miembros de la corporación forman parte de un selecto club que supera los 100.000 euros anuales de ingresos. Entre ellos, destaca la ex regidora de Ciutat Vella Assumpta Escarp, que cobra actualmente 28.499 euros limpios sólo en dietas, un equivalente al 38% de su sueldo de 73.465 como concejal.

La mayoría de medios han fijado el foco en la moralidad de estas retribuciones en un contexto de crisis y recortes; pero quizás es más importante cómo la pertenencia a organismos, cuya fidelidad a menudo es más privada que pública, condiciona las posiciones políticas de los representantes electos. Es lícito preguntarse, por ejemplo, cómo ha influido la pertenencia de Mercè Homs y Antoni Vives a organismos de la Autoritat Portuària, en su férrea defensa del proyecto de reforma del Port Vell para convertirlo en una marina de lujo.

Mercè Homs: «És que això és Port, és una empresa privada»

De la regidora de Ciutat Vella llama la atención la modestia de la posición económica que declara: dos coches de gama baja y una scooter, un plan de pensiones con algo más de 6.000 euros y dos cuentas corrientes, que juntas acumulan 3.500 euros.

Sea como sea, aparte del sueldo de 72.914 euros, Homs ingresa 5.842 euros brutos por su asistencia al Consell Comarcal del Barcelonès, a la Autoritat Metropolitana de Barcelona y al Consell de la Gerència Urbanística de Port 2000. Este último cargo, por el que recibe 3.904 euros brutos, supone el 66% de los pluses por dietas que cobra Mercè Homs.

Aunque ella queda lejos del club de los 100.000, los cerca de 4.000 euros que recibe del organismo portuario ponen en tela de juicio su defensa del proyecto más importante aprobado, por ahora, durante su mandato. En diciembre de 2011, Homs afirmaba no saber nada del proyecto de reforma del Port Vell y, posteriormente, en una entrevista con este periódico negaba que los vecinos y el propio ayuntamiento tuvieran potestad para intervenir en el área Port-Ciutat: «És que això és Port, és una empresa privada, això seria ficar el nas a qualsevol iniciativa privada». Mientras hacía estas declaraciones, la regidora de Ciutat Vella no sólo metía la nariz sino que cobraba por asistir a reuniones de Port 2000, la empresa responsable de la explotación de los espacios públicos del Port Vell y la Nova Bocana

¿Era posible que Mercè Homs mantuviera un criterio independiente en estas condiciones? No entraremos en probables responsabilidades de otra índole, pero, en un plano estrictamente político, la posición de la regidora está claramente deslegitimada.

Antoni Vives, el amigo de Salamanca Group

El actual regidor de Hàbitat Urbà, que en su expediente declara dos vehículos marca Nissan, la empresa para la que trabajó como alto ejecutivo durante años, parece alguien fiel a sus patronos. Antoni Vives ingresa 30.942 euros sólo por dietas, que con los 93.157 euros que percibe como tercer teniente de alcalde, dan 124.099 euros limpios. Ocupa un meritorio tercer lugar entre el club de los 100.000, sólo superado por el alcalde y Jordi Portabella. Vives, que ocupa el cargo más importante con relación a la planificación urbanística de la ciudad, realizaba el pasado octubre en Mónaco una apología de un proyecto que por entonces ni siquiera había sido aprobado por el propio Ajuntament: «Estamos en disposición de amarrar barcos como el que tenéis aquí [en referencia a un megayate a sus espaldas], estos barcos que tienen su sitio en un puerto maravilloso como éste [Mónaco], tendrán su sitio en Barcelona » (vídeo hecho público por Marina Port Vell).

Son declaraciones de un cargo público que ingresa 5.810 euros anuales por su pertenencia a Port 2000 y al consejo de administración de la Autoritat Portuària de Barcelona. Eso sin contar la acumulación de capital social en sus relaciones con el capital privado. Vives ha afirmado de Martin Bellamy, director de la concesionaria privada del Port Vell, Salamanca Group, que es «alguien que ahora mismo se está convirtiendo en un amigo mío».

No es descabellado dudar y preguntarse qué han tenido que ver un sustancioso sobresueldo, proveniente de su participación en los organismos del entorno portuario, y las buenas relaciones con los inversores privados en su entusiasta labor de promoción de la reforma del Port Vell.

Anomalías de lo normal Con seguridad, cualquiera que haya participado de la política institucional, interprete este orden de relaciones como algo «dentro de lo normal». Pero no hay que ser demasiado perspicaz para preguntarse de qué manera puede un representante político figurar en un consejo de administración, cobrar de él y participar de sus decisiones, y representar a la vez el bien común. Una tarea de dioses y sabios, que no parecen características comunes a nuestra clase política. Sea como sea, si lo que en términos burocráticos se denomina «régimen de incompatibilidades» no encuentra aquí ningún ámbito de intervención o de sanción, es que esa normativa es menos todavía que una meiga.