Cafè amb llet, obligada a pagar 10.000 euros por denunciar la corrupción del sistema sanitario

Masala | 26/11/2012

El pasado octubre se consumó un grave precedente contra la libertad de expresión en Catalunya. La revista gironina Cafè amb Llet, que en los últimos meses ha denunciado los estrechos vínculos entre algunos cargos públicos y los intereses de la sanidad privada, fue condenada por un supuesto «daño al honor» de Josep Maria Via i Redons. Via, asesor de Artur Mas y miembro del Consorci de Sanitat de Catalunya, interpuso una querella contra la revista tras ser mencionado en el vídeo El mayor robo de la historia de Catalunya. En él se denunciaba que Via i Redons, que forma parte de un organismo dedicado a la gestión de hospitales públicos, había hecho apología de su privatización.

 La sentencia, dictada por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Barcelona, María Millán Gisbert, condena al pago de 10.000 euros a Albano Dante Fachín y Marta Sibina, que denunciaban en el vídeo la incompatibilidad entre la defensa del interés publico y la posición de Josep Maria Via i Redons en la empresa privada. El denunciante es propietario de una consultora que realiza tareas de asesoría para los hospitales que gestiona el propio Consorci de Salut de Catalunya (CSC) del que es cargo. Esto, que es a todas luces irregular, es lo que puso de relieve la revista que, en ese momento, llevaba meses de investigación continuada sobre la gestión de los centros sanitarios, principalmente en las comarcas de La Selva y Alt Maresme.

 La sentencia se ampara en una frase en concreto, para justificar la condena: «Gente como usted, como Bagó, como Manté y como tantos otros, se han enriquecido a costa de hundir la sanidad pública». Aunque en su contexto la frase alude al hundimiento de la sanidad pública como fruto del funcionamiento de una red de intereses que han acabado favoreciendo a un conjunto de empresas privadas, la jueza consideró como «falta de veracidad» que no se demostrara una relación causa-efecto entre una actuación concreta de Via i Redons y el hundimiento económico de la sanidad pública.

 Si este argumento prosperara, podría poner en el punto de mira la denuncia de toda trama de intereses difusa y compleja con nombres y apellidos. Digamos que citar en una misma frase «el hundimiento de la economía» y nombres como Botín o Fainé tendría un coste mínimo de 10.000 euros, dependiendo seguramente de los euros/kilo que pese la honorabilidad del denunciante. Un correctivo y un aviso a navegantes de las líneas rojas, cada vez más burdas y estrechas, de la libertad de expresión.