El colectivo de trabajadoras sexuales llevó a cabo el pasado miércoles una cacerolada, que se repetirá cada miércoles a las 20 horas, para denunciar el inmovilismo del Ayuntamiento y concretamente de Xavier Trias ante sus denuncias por el incesante acoso policial. Según fuentes del colectivo, representantes de las prostitutas se reunieron el pasado 26 de abril con el alcalde, al que le plantearon el hostigamiento al que estaban siendo sometidas concretamente por las patrullas de la Guardia Urbana destinadas a la zona de Robador, Sant Ramon y la Plaça Pieyre de Mandiargues. Durante esta reunión, las trabajadoras pusieron de manifiesto «agresiones verbales, identificaciones arbitrarias y multas injustificadas», que desde hace tiempo son una práctica habitual de los agentes destinados a la zona.
Las trabajadoras expresaron al alcalde que no necesitaban salidas de asistencia social, sino poder ejercer su actividad sin ningún tipo de presión por parte de las fuerzas de orden público. En este sentido, plantearon abrir un espacio de diálogo y negociación en torno a las cuestiones de convivencia que afectan los espacios en los que practican la prostitución
El encuentro con el alcalde había estado precedido de otros anteriores. Las trabajadoras se han mostrado particularmente satisfechas con la actitud receptiva de la Síndica de Greuges de Barcelona Assumpció Vila, «para nosotras un gran paso en nuestro reconocimiento como ciudadanas», afirmó a este medio una representante del colectivo que prefiere no identificarse. También antes de la reunión con el alcalde, representantes de las trabajadoras celebraron un encuentro con la Taula Técnica del Pla per l’Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS), la agencia municipal dedicada al tratamiento de la prostitución. Según explicó la misma representante del colectivo «en esa reunión las mujeres pusieron de manifiesto que disponían de pruebas que mostraban agresiones e irregularidades por parte de la policía».
Pero, pese a que las mujeres ya se han reunido con tres instancias oficiales distintas, incluido el propio alcalde, la situación no ha variado demasiado. De hecho, «aunque algunos comportamientos parecen no repetirse tanto últimamente, lo que sí se ha incrementado notablemente es la presencia policial». Es lo que ha llevado a las prostitutas, mayoritariamente aquellas que ejercen en calle Robador y alrededores, a protestar mes y medio después de una reunión sin resultado alguno.
Respecto a la posición del Ayuntamiento, quizás puede aclarar algo el contenido del Plan de Usos del Distrito de Ciutat Vella, actualmente en periodo de alegaciones. En él se prohíbe en todo el centro histórico tanto la actividad de hostal meublé como la apertura de otro tipo de locales donde se ejerza la prostitución. Eso, a pesar del fracaso de las vías exclusivamente policiales y prohibicionistas, y de que en los últimos cuatro años se han lanzado propuestas distintas. En 2009 la exregidora Itziar González plantearía ofrecer licencias de meublés para reducir la presencia de prostitución en la calle; y más tarde una parte de la Plataforma Raval per Viure –caracterizada precisamente por apostar por vías policiales y represivas en las cuestiones referentes al espacio público- plantearía imitar el modelo de barrio rojo de Amberes como un ejemplo posible para el Raval.
Sea como sea, las trabajadoras sexuales consideran que, las buenas intenciones expresadas por el Xavier Trias hace ahora casi dos meses, no se han traducido en ningún cambio esperanzador. Hasta que eso no se produzca, cada miércoles sonarán las cacerolas en Robador.