El pasado 7 de enero, un operativo conjunto de Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional desalojó dos naves en Poble Nou donde vivían y trabajaban un centenar de migrantes. La decisión fue tomada por el Ajuntament de Barcelona, sin que a los habitantes de dichas fábricas les fuera reconocida ninguna clase de derecho de defensa. Varios días después, los Mossos d’Esquadra desalojaron, sin orden judicial, otra nave en la que se había instalado un grupo de jóvenes expulsados en el primero de los desalojos.
La actuación policial fue violenta y desmesurada: los Mossos usaron gas pimienta, agredieron a los habitantes de manera injustificable y detuvieron a ocho personas, varias de las cuales acabaron en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zona Franca, a la espera de su expulsión.
La asamblea de solidaridad con los afectados, formada por diversas entidades del barrio además de colectivos en defensa de los derechos de los migrantes y contra las fronteras, denunció que:
1. El Pla Integral dels Assentaments que propone el Ajuntament de Barcelona se limita a desalojos y detenciones, dejando claro que en lugar de buscar soluciones trata de erradicar los asentamientos.
2. No sólo no soluciona el problema si no que lo agrava, al dejar en la calle a muchos vecinos y vecinas del barrio que, forzosamente, deben buscar otro lugar sin que haya alternativas sociales reales. Asi mismo, se ponen palos en las ruedas a sus estrategias de subsistencia, como el arte o la recogida de chatarra, después de que la situación política y económica los haya conducido a la exclusión social.
3. Esta actitud no es sólo injusta sino que es fuertemente racista por parte de las diferentes administraciones: el Ajuntament, a quien lo único que le interesa es «una Barcelona limpia», incapaz de dar soluciones, potencia los desalojos; la Generalitat que, prescindiendo de la legalidad, ordena la intervención de los Mossos descartando el diálogo, la mediación y el respeto; y el gobierno central, que dificulta la regularización, negando el permiso de residencia y de trabajo a estas personas que considera ciudadanos de segunda.
Las exigencias de la asamblea eran cuatro:
• La libertad sin cargos de los detenidos.
• Que se abra una investigación por parte del Departament d’Interior y en sede parlamentaria por la actuación agresiva de los Mossos d’Esquadra.
• Que se garantice el derecho a una vivienda digna y estable para todo el mundo, que se podría resolver fácilmente utilizando la gran cantidad de locales y pisos vacíos que hay en esta ciudad.
• La regularización administrativa de las personas, lo que les permitiría el acceso a un puesto de trabajo formal y legal.
Dejémonos de medias tintas: los asentamientos de migrantes de Poble Nou son el último de los eslabones de la cadena que une la fundación de esta ciudad con nuestros días. La Barcelona que conocemos se formó gracias a asentamientos ilegales y caóticos. Así se creó y así creció, gracias a los barrios autoconstruidos por migrantes durante diferentes momentos históricos. Desde el ensanche extramuros en la Edad Media hasta barrios enteros como Nou Barris, pasando por Montjuïc, el Somorrostro o el Camp de la Bota, los asentamientos de migrantes han sido el principal factor de crecimiento de la ciudad. Mutatis mutandis, los migrantes siempre han encontrado una reacción represiva de las autoridades y una población autóctona que se dividía entre el rechazo a los recién llegados y la solidaridad con ellos.
En este punto, debemos hacer una aclaración obvia que, a pesar de todo, suele olvidarse muy a menudo. Cuando hablamos de «población autóctona», en realidad no nos referimos sino a los descendientes de los que migraron antes. Los hijos de quienes se asentaron antes. Todos somos descendientes de migrantes y todos los movimientos migratorios masivos han ido acompañados del fenómeno de los asentamientos. De hecho, la mayor parte de la población mundial vive en enclaves de este estilo, a lo largo y ancho de las periferias urbanas que se extienden por los cinco continentes.
Los asentamientos no son un fenómeno nuevo, por lo tanto, ni tampoco local. Rescatamos aquí la referencia a Federico Rahola, que ya utilizamos en un artículo de Masala en 2006. En la introducción de su libro Zone Definitivamente Temporanee, uno de los poquísimos trabajos publicados que aborda en profundidad el tema de los centros y campos de migrantes y solicitantes de asilo, expone que, en la medida en que los campos humanitarios son el síntoma de un exceso humano que producen las guerras contemporáneas, misma «forma» de campo encuentra una aplicación inmediata frente a individuos que no nos pertenecen y son resultado del exceso, cuando ha «caducado» la posibilidad/voluntad de valorizarlos. Las Zones d’Attente y los hoteles cerrados de los aeropuertos franceses; los Centri di Permanenza Temporanea italianos; los Campos de Internamiento diseminados por la frontera de Alemania oriental y los países contiguos; aquellos ingleses y australianos en cuyo interior se encierra a refugiados y a asylum seekers, significativamente dislocados, cada vez más lejos de las fronteras que presidian (en Ucrania, Croacia, Georgia, Marruecos, Libia, Papúa…), la excedencia encuentra su forma de territorialización perenne, a veces definitiva.
Los asentamientos, los CIE y los campos de refugiados son la misma cara de una misma moneda: la relocalización de los desplazados. Dicho de otra forma, se trata del lugar en el que viven quienes no tienen un lugar para vivir. Esta falta de encaje no se debe, como cierta retórica progre dice, a «razones culturales». No se trata de la dificultad de convivencia entre diferentes (o no principalmente) sino de los efectos del régimen de fronteras europeo que, en realidad, es global.
Las fronteras generan la distinción entre ciudadano y no ciudadano, entre sujeto de derechos y persona que expulsar; expulsar jurídica, social y físicamente. La legislación sigue produciendo un grupo cada vez mayor de gente sin papeles, sin posibilidad de acceder al empleo o a una renta. Además, se criminaliza a ese grupo social. Grandes áreas de la ciudad cuentan con numerosos edificios vacíos fruto de la especulación inmobiliaria. Ante este panorama no hace falta ser muy inteligente para entender qué pasará. Hasta el alcalde Trias puede deducir que este escenario se va a seguir repitiendo. Nos toca a los de abajo conseguir que nuestros derechos también estén asentados; no podemos esperar que sean los gobiernos o el mercado quienes lo hagan.