Según el punto de vista, hay diferentes maneras de distinguir las etapas de la reforma del centro histórico y sus consecuencias. Si nos centramos en la intencionalidad política —qué demonios perseguían los autores intelectuales de esta Ciutat Vella que hoy se devora a sí misma—, podemos distinguir dos etapas: la guerra por gentrificar y la guerra por turistizar. Ambas no son excluyentes entre sí, se contienen la una a la otra, y es difícil determinar cuándo la turistización releva a la gentrificación como locomotora principal de la violencia urbanística.
Lo que sí resulta evidente es que el primer impulso tenía una pretensión colonizadora: copar el centro histórico para sectores de las clases acomodadas de la propia Barcelona o de una selectiva inmigración europea. Después, en cambio, hay un momento en que esta estrategia varia paulatinamente y tanto las declaraciones públicas como las decisiones políticas se enfocan en la atracción masiva de turistas como eje central del proyecto institucional para Ciutat Vella.
Cabe matizar que no estamos hablando de ciclos que se puedan separar de manera tajante y, por otra parte, que una cosa es el plan y la estrategia y otra que la realidad responda a dichas expectativas. No obstante, las consecuencias, en lo que afecta al derecho a la vivienda, no solo no han diferido, sino que han constituido una continuidad histórica: subida de precios, crecimiento especulativo exponencial y destrucción de tejido residencial.
No hay futuro sin las clases acomodadas
Entre 1988 y 2004, PROCIVESA —reconvertida en FOCIVESA en 2003 y en Foment de Ciutat en 2013—, la empresa público-privada que ejecutó la reforma urbanística en Ciutat Vella, había derribado «uns 500 edificis […] uns 4.200 habitatges i uns 800 locals».1 Esta etapa, que comienza su ejecución con los derribos en 1988 de la denominada illa negra, y que acaba en 2004 con el desalojo del bar Ciutat Vella —en el último edificio vivo de la actual Illa Robador—, tenía como objetivo liberar suelo para tres finalidades: la construcción de vivienda, de nuevos equipamientos y de espacio público de nueva creación. Ninguno de estos tres objetivos, obviamente, tenía un carácter neutro en lo que respecta a la población residente o en relación con el mercado inmobiliario. La declaración de intenciones de «mejorar las condiciones de vida de los residentes», en línea con las reivindicaciones vecinales del momento, no se refería exactamente a mejorar las condiciones de existencia de las clases populares y empobrecidas: «Ciutat Vella no tindrà futur si no té lloc, també, per a les classes benestants, que aporten capacitat econòmica i vitalitat social als (en altres temps) barris empobrits».2 Vendrán los ricos con su magia y todos viviremos mejor.
Nunca han estado claros los datos sobre expulsiones y realojos de esta época; aunque no ha existido un censo oficial que permitiera conocer, de manera fiable, sus consecuencias sociales. En 1986, al año siguiente de aprobarse la normativa para la reforma urbanística y dos años antes de que comenzaran los primeros derribos, Ciutat Vella tenía una población de 101.264 personas; en 1991 era de 90.612 y, en 1996, de 83.829.3 En el ámbito barrial, la Barceloneta —que no en vano contaba con un PERI que no desplegaba la agresividad urbanística implícita en el resto de planes de reforma— es donde menos cae la población (2915 personas), mientras que la población del Raval disminuye en 7138 personas, el equivalente a casi el 17 % de su población en 1986.4 Es cierto que, al menos desde 1970, hay un progresivo proceso de despoblación y es difícil, a falta de una transparencia que pondría a nuestra disposición muchos más datos, establecer y desarrollar la complejidad de las causas. Pero, lo que parece claro es que, si la marcha de población durante los setenta se produjo durante un proceso de degradación y abandono, la pérdida de más de 17.000 habitantes desde 1986 es contemporánea a la primera acometida de violencia urbanística de la reforma.
No obstante, en números absolutos parece que las nuevas edificaciones mantuvieron la capacidad residencial, incluso aumentándola levemente. En 2001, el número de edificios destinados a vivienda pasaba de 5625 a 58285 y el de viviendas principales de 36.107 a 36.332. Pero lo que es cierto es que eso se da en un contexto en el que esa vivienda es de más difícil acceso: entre 1998 y 2002 el precio del alquiler se había incrementado en Ciutat Vella6 de 5,63 €/m2 a 9,95 €/m2, en un distrito que históricamente tiene más de un 60 % de sus primeras residencias en régimen de alquiler.
Si bien en otros aspectos el sueño de los planificadores se había convertido en pesadilla, en lo que toca a la escalada especulativa e inflacionaria, probablemente superó las expectativas más optimistas. La liberación del suelo —no es ningún secreto— tenía como uno de sus principales objetivos alimentar el inversionismo inmobiliario. Así, a lo largo de la década de 1990, se construyeron 232 nuevos edificios destinados a vivienda,7 a un ritmo de 23 anuales. Según los datos ofrecidos por Martí Abella,8 en ese período se construyeron 59 promociones públicas para el realojo de las familias afectadas por la reforma, de lo que se deduce que el resto de las nuevas edificaciones, el 74,5 % del total, corresponden a la promoción privada por parte de inmobiliarias e inversionistas —con una modestísima aportación de las cooperativas de vivienda de asociaciones de vecinos y sindicatos que, con contadas excepciones, formaba parte del pago político por el apoyo a la reforma—. Una triunfante entrega del territorio al mercado inmobiliario que representó uno de los catastróficos éxitos de la reforma.
No hay futuro sin el turismo
En marzo de 2005, dábamos a conocer en Masala un caso de mobbing bastante sui generis en aquel momento. Shayah, un vecino del Gòtic, de origen francés y de alto poder adquisitivo, estaba siendo acosado por Irazábal Consultores, SL, para que abandonase su vivienda: «Vivo en Barcelona desde hace casi dos años, en un estudio que me cuesta 555 euros al mes, por 25 m2. Arriba, hay un chico que vive en un estudio exactamente igual, de la misma empresa, y él paga casi 650 euros, cien euros más que yo, porque ha llegado sólo hace diez meses […] Lo que pasa es que, ahora, la empresa está alquilando a turistas por días, y pueden cobrar entre 1500 y 2000 euros al mes».9
En ese momento, efectivamente, Ciutat Vella ya no se parecía a la de finales de la década de 1980. Una parte de la población había cambiado pero —por no aludir siempre a la migración de origen asiático o norteafricano— los residentes procedentes de países europeos pasaron de ser el 0,5 % en 1991 al 10,7 % de las personas empadronadas en 2006 (la mitad de ellos, alemanes, italianos y británicos). Esa cifra se parecía, en parte, al sueño de los planificadores, pero era insuficiente para ejecutar la utopía soñada desde los despachos municipales y los gabinetes de arquitectos.
Paralelamente, en sincronía perfecta con el proceso de reforma y con el propio mercado inmobiliario, la industria turística había ido adquiriendo un peso cada vez más importante. En 1990, Ciutat Vella contaba con 74 edificios dedicados al alojamiento turístico —entre hoteles, pensiones y aparthoteles— que, para 2005, ya se habían más que doblado hasta 184 establecimientos. En 2006, el Llibre blanc de l’habitatge a Barcelona ya reconocía que «Ciutat Vellla (69 %) i Sarrià-Sant Gervasi (73 %) es situen a la cua de les primeres residències».10
Pese a que el Plan de Usos aprobado en 2005 establecía a priori un criterio restrictivo para hoteles y apartamentos turísticos, condicionando la licencia a su instalación «en edifici exclusiu que no tingui ús d’habitatge a data 1 de gener de 2005», en 2009 ya eran 199 establecimientos turísticos en el distrito, con 9.324 habitaciones y 16.859 plazas. Para entonces, los apartamentos turísticos ya conformaban un fenómeno de extrema gravedad: «Contando con los 618 apartamentos legalizados hasta febrero de este año, los pisos en activo son 1534 y, de ellos, casi el 58 % permanecen en situación ilegal o irregular».11
Justamente en esa década del nuevo siglo, la industria turística comienza a sustraer viviendas habituales para explotarlas como alojamiento para turistas, ya sea en pisos aislados, ya sea adquiriendo edificios enteros para hoteles o apartamentos. Hay que tener en cuenta que, durante la primera década de este siglo, se ha destruido numeroso tejido residencial que no ha sido repuesto: contamos, como mínimo, 75 edificios solo entre las operaciones de Illa Robador (50)12 y el Forat de la Vergonya (15). Por su parte, el censo de 2011 establece 366 edificios menos destinados a vivienda habitual que en 2001: de 5828 a 5462.13 En cambio, las edificaciones dedicadas al tejido turístico no han dejado de crecer; en la actualidad, son 215 los hoteles y pensiones, y los apartamentos turísticos ocupan ya 66 edificios únicos.14 Todo ello eso sin contar los cientos de apartamentos tanto legales como ilegales en fincas vecinales o los albergues, youth hostels, etc.
Con estos datos, no pueden establecerse la manera o los ritmos en los que se está produciendo el trasvase, ya que habría que aclarar cuánto del tejido residencial desaparecido se corresponde con edificaciones no recuperadas y, por otra parte, se echa de menos una estadística que separe con claridad vivienda habitual de la dedicada a oferta turística. Pero se determinan con claridad dos tendencias bastante claras: la pérdida de tejido residencial y una dinámica expansiva del tejido turístico en el seno del parque de edificios y viviendas, que bien merece un estudio y una atención específica.
Si esta tendencia es un hecho incontrovertible, desde 2008 la industria turística ha visto cómo la crisis se convierte en viento de cola para sus intereses. Si el marco normativo y la propia práctica de los servicios técnicos al aplicarlo habían permitido un crecimiento exponencial del alojamiento turístico, la debacle inmobiliaria convirtió al turismo en el vademécum que, supuestamente, sustituiría una economía productiva por otra. Tanto en el ámbito institucional como en el mediático, el turismo figura como la tabla de salvación del modelo Barcelona y, en el caso de Ciutat Vella, es el dogma incuestionable. La turistización sustituye a la gentrificación como el banderín de enganche en las cabezas y en el «bla, bla, bla» de la Barcelona desarrollista, legitimando la vertiginosa sustitución de viviendas por alojamientos turísticos.
Instituciones y lobby turístico coinciden plenamente en el diagnóstico —«la construcción ha muerto, viva el turismo»—, la estrategia —desregular todo lo relacionado con el mercado turístico— y los objetivos —aumentar el número de visitantes y las infraestructuras destinadas a cubrir sus necesidades—. En noviembre de 2012, en un encuentro con el sector, Xavier Trias afirmaba que «Barcelona tiene en el sector turístico un gran aglutinador de muchos de los esfuerzos que estamos haciendo para salir de la crisis». Una de las medidas estrellas del Plan de Usos, aprobado en julio de 2013, fue la instalación de hoteles en edificios catalogados como de «nivel B», sin importar si su uso previo había sido o no de vivienda; medida que el presidente de los hoteleros, Jordi Clos, saludó como «la idea más inteligente que se ha tenido en los últimos años». La nueva normativa —suspendida temporalmente en la actualidad por el Distrito de Ciutat Vella, para el estudio de un nuevo Plan de Usos— permite la construcción libre de hoteles sin ninguna restricción en todas las zonas perimetrales del Distrito y, en el interior, condiciona nuevas licencias hoteleras a la permuta de permisos —el cierre de un hotel permitiría traspasar su licencia para la apertura de uno nuevo—. En cuanto a las viviendas de uso turístico, se aprobó un plazo de cinco años para concentrar las licencias legales en edificios solo dedicados a apartamentos, que en la práctica era una moratoria en la aplicación de la normativa para sacar los apartamentos de fincas vecinales. En ningún caso, la protección del tejido residencial ha sido un límite o un condicionante a la apertura de nuevos establecimientos turísticos en esta etapa.
No hay futuro… simplemente
La realidad más actual representa un giro en la misma dirección. De las conversaciones que hemos tenido para la elaboración de este dossier, se desprende que, a partir de 2012, se ha producido una nueva oleada inversionista, que puede estar alterando de nuevo las condiciones, ya profundamente problemáticas, para el acceso a la vivienda en el distrito.
Entre 2013 y 2015, se produjeron 3133 compraventas, de las que 2705 eran de vivienda usada y el resto de vivienda nueva de mercado libre. Eso indica una profunda intervención de la industria inmobiliaria en el tejido residencial ya existente, confirmada por la evolución de los precios de venta: el precio por metro cuadrado construido en Ciutat Vella, que en 2013 estaba en 2598,9 €, en 2015 ya alcanzaba los 3075,7; y, en el segundo trimestre de 2016, ya se encuentra en 3536,2 €. Mientras en 2013 Ciutat Vella se mantenía por debajo de la media de Barcelona (2719 €/m2 construido), en la actualidad el Distrito está por encima de la media de la ciudad (3208 €/m2 construido). Esto, por otra parte, lo sitúa entre las zonas de la ciudad que desde 2012 han experimentado un fortísimo incremento de los precios, como Sarrià/Sant Gervasi, Les Corts o el Eixample, al contrario que el resto de zonas en las que los precios se han mantenido o disminuido.
El caso del mercado de alquiler, de especial trascendencia en Ciutat Vella, no es idéntico, pero sí semejante. Entre 2008 y 2014, se mantuvo una modesta tendencia a la baja, desde los 12,6 €/m2 en el primer año de la crisis, hasta los 11,3, produciéndose, no obstante, un incremento hasta los 12,1 €/m2 en 2015. En todo caso, este no es el aspecto más significativo. En este momento, el precio del alquiler en el distrito supera con creces la media de la ciudad (10,72 €/m2) y está prácticamente al mismo nivel que en Sarrià/Sant Gervasi (12,3 €/m2). En un barrio todavía mayoritariamente de clase trabajadora, y con situaciones de pobreza estructural profundamente arraigadas, esto abre las puertas a un importante proceso de expulsión de la población. No en vano, la Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella intervino, solo entre enero y septiembre de 2016, en 260 casos de desahucio, en los que estaban afectadas 720 personas, entre ellas 258 menores.15
Nos encontramos inmersos en un nuevo ciclo del cual muchas de sus características están todavía por definir, pero en el que, por ahora, parece que se confirman dos ejes fundamentales: el mantenimiento irrefrenable del expansionismo turístico y una nueva ola de inversionismo inmobiliario que, evidentemente, son fenómenos íntimamente interrelacionados. Una tenaza que, en la medida en que se confirme y se fortalezca, supondrá necesariamente la erosión del tejido residencial, tanto en lo que respecta a las posibilidades de acceso a la vivienda para la propia población residente como en el incremento exponencial de la entrega de una parte de los recursos habitacionales a la explotación turística. Un panorama de auténtico naufragio habitacional.
BARRIO A BARRIO
El Raval
El Raval lleva dos décadas inmerso en un intenso proceso de transformación para cumplir con su papel de «nueva centralidad» que le asignó la Barcelona postolímpica. Un proceso que parece haber entrado en una fase de aceleración, como efecto de una supuesta recuperación, que nos está dejando una ciudad cada vez más polarizada y desigual. Al Raval le tocó estar en el bando «ganador». En particular, es alrededor del otrora llamado «Chino» donde quizá la profundización de las lógicas y la aceleración de los efectos del «nuevo urbanismo» se muestran con mayor evidencia.
Si, durante más de una década, la ola «regeneradora» parecía condenada a moverse dentro de los perímetros pacificados de la Rambla del Raval, hoy se asiste a la inexorable penetración de aquella estigmatizada «periferia interna» que se extendía al sur del eje Hospital-Sant Antoni Abat. Un nuevo paisaje que trasciende las terrazas y las plantas bajas de los nuevos comercios de Robador o Aurora para relacionarse con los cambios respecto al perfil de los inquilinos de las plantas superiores.
A este propósito, puede ser útil considerar las dinámicas demográficas relativas a los distintos grupos nacionales que integran la conspicua población extranjera del Raval Sur. Si, en los años anteriores a la crisis, el barrio fue testigo de la confluencia de diferentes flujos migratorios, hoy el Raval Sur presenta dinámicas divergentes de forma más evidente respecto al resto del barrio y de la ciudad. Entre 2012 y 2015, la comunidad extraeuropea se ha reducido un 12,4 % mientras que los ciudadanos comunitarios de la Europa de los 15 han aumentado un 18 %, bastante por encima de ese mismo dato en el ámbito de Barcelona (+11,3 %).
Si el Raval ha sido siempre un barrio de acogida y tránsito, la actualidad nos propone una clara diferencia entre los flujos de entrada y salida, que refleja un proceso de sustitución de la población, por lo menos en lo que se refiere al estatus socioeconómico de la comunidad migrante.
Una situación que, evidentemente, el relanzado mercado inmobiliario recoge y alimenta para convertir el Raval en uno de los barrios más efervescentes. Entre 2012 y 2015, en el marco de un crecimiento negativo de la población, el precio de venta del metro cuadrado aumentó un 21 %, cuatro veces más que la media de la ciudad. Una tendencia que no puede explicarse solamente con la demanda representada por nuevos residentes de mayor poder adquisitivo.
El creciente atractivo residencial y turístico del barrio promueve las dinámicas especulativas de un mercado financiero internacional cada vez más capaz de penetrar el parque de viviendas de barrios «emergentes» de las grandes ciudades. No se trata únicamente de fondos soberanos o de importantes grupos inmobiliarios, como es el caso de la operación en Can Seixanta. En particular, la oferta de inmuebles del Raval parece interesante sobre todo para pequeños inversores, tanto autóctonos como internacionales, atraídos por el (relativamente) bajo nivel de inversión necesario y las buenas perspectivas de rentabilidad que le brindan los «intercambiables» mercados del alquiler residencial y turístico.
No tiene que sorprender, por lo tanto, la coincidencia temporal entre las tendencias descritas y la aparición y afirmación del modelo Airbnb en la ciudad y sobre todo en un barrio como el Raval. Una situación que demuestra como ciertos procesos de «regeneración» del paisaje urbano promueven una demanda residencial que no se opone si no que se relaciona con el mercado turístico con el que comparte estilos de vida y modelos de consumo. Dicho de otra manera, en el caso del Raval como de otros barrios «cosmopolitas» de la ciudad, turistización y gentrificación coinciden y se retroalimentan.
La Barceloneta
En el modelo gentrificador y turistizador de Barcelona, la Barceloneta es uno de los barrios de vanguardia. Antes pescador e industrial, actualmente es uno de los que encabeza la oferta turística de la ciudad por su ubicación central y al lado de la playa, habiéndose convertido en uno de los enclaves donde más se padece la sobresaturación y los efectos nocivos de esta actividad, particularmente en términos de vivienda, aunque también del comercio tradicional, que va desapareciendo ante la proliferación de locales dirigidos a los visitantes.
Es un barrio popular colindante con dos enclaves de lujo, uno en la Nueva Bocana del puerto, donde se alza el «Hotel Vela», y el mismo Port Vell, transformado en puerto para megayates tras su última reforma en 2012, que contribuyen a la presión inmobiliaria en la zona. Entre 2013 y 2015, el precio medio del alquiler en la Barceloneta aumentó en 43 €, un 7,7 %, superando incluso el promedio de Ciutat Vella (4,91 %), que duplica el promedio de la ciudad (2,04 %). A fines de 2015, la Barceloneta tenía ya el metro cuadrado más caro de la ciudad: 16,33 €, según datos de Incasol.
Existen debilidades estructurales en las políticas de vivienda: la insuficiencia de un parque de vivienda social de alquiler que garantice el acceso a las personas de rentas más bajas, la falta de regulación de los precios del alquiler en el mercado privado o una mayor desprotección del inquilinato en la última reforma de la LAU.1 En respuesta, significativa aunque insuficiente al problema, el Ayuntamiento está empezando a promover cooperativas de vivienda —otra demanda vecinal—, como forma alternativa de tenencia asequible y segura de pisos. Como parte de ello, el solar de Miles de Viviendas, en el paseo Joan de Borbó, 11, saldrá a concurso público este año.
El movimiento vecinal de la Barceloneta se ha movilizado para oponerse a este modelo de ciudad y a la especulación con la vivienda para convertirla en pisos turísticos. El año 2014 concentró gran parte de la conflictividad social frente a esta problemática, cuando nació la Asamblea de Afectados por los Desahucios de la Barceloneta, que alcanzó su punto álgido en verano de ese año, con el movimiento de la Barceloneta diu prou (BDP). La Taula de Bon Veïnatge impulsó un manifiesto por el derecho a una vivienda digna, denunciando la gravedad de la situación de vulneración de este derecho debido a la especulación inmobiliaria favorecida por la turistización del barrio, señalando la expulsión del vecindario vinculada al aumento del precio de los alquileres o el mobbing a personas mayores con rentas antiguas. La asociación de vecinos de L’Òstia venía denunciaba desde hacía años la situación, aclarando que los apartamentos turísticos, sean con o sin licencia, impiden la función social de la vivienda. Defienden así su erradicación, del mismo modo que sostienen la necesidad de mantener la moratoria de licencias de cualquier tipo de establecimiento de uso turístico. En junio de 2015, había en la Barceloneta 69 apartamentos turísticos con licencia y 1300 sin ella, según datos del Ayuntamiento.
Las movilizaciones encabezadas por la BDP, que fueron aglutinando a colectivos vecinales de otros barrios de la ciudad, sin duda pusieron de relieve ante la opinión pública y en la agenda política de la ciudad la cuestión del impacto del modelo turístico. Sin embargo, el desequilibrio de fuerzas entre los grandes lobbies inmobiliarios y turísticos y los movimientos sociales sigue siendo patente, así como las limitaciones de los movimientos sociales ante la fuerza y la violencia derivada del modelo.
1Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, cuya última revisión o reforma está vigente desde el 1 de abril de 2015.
El Casc Antic
El Casc Antic és un seguit de barris: el Born i la Ribera han sigut des de fa unes quantes dècades pioners en la gentrificació més cool de la ciutat, que a poc a poc es va estenent a la resta; Santa Caterina va patir grans canvis urbanístics i demogràfics arran de la transformació del mercat, i Sant Pere ha mantingut durant anys un caire més popular. Diferents situacions que gentrificació i turistització van igualant.
Encara que puntual, la història de Metges, 16, edifici okupat durant els anys de la Guerra del Forat, pot ser significativa: buit durant anys després del seu desallotjament, a mitjans del setembre passat l’Ajuntament va fer efectiu el seu dret de tanteig i retracte i en va anul·lar la venda per part de la Sareb a un magnat rus promotor de pisos turístics.1 No tenint possibilitat d’obtenir una llicència per a Habitatge d’Ús Turístic (HUT), les opcions serien gestionar-los al marge de la llei o fer-hi una promoció d’apartaments de luxe, com ja està passant a diferents llocs del barri.2
Les estadístiques comparades dels últims 25 anys mostren trets d’un procés clàssic de gentrificació (augment de població entre 25 i 49 anys, especialment provinent d’Europa i amb estudis superiors). Qui porti uns quants anys al barri haurà viscut el comiat d’amistats i conegudes: contractes de lloguer no renovats, pujades inassumibles, molèsties generades per pisos turístics, etc.
Centre de Barcelona, habitatge, turisme: termes que porten a un conflicte d’interessos i usos, públics i privats. En un moment en què la pressió turístico-immobiliària i la fi de la primera generació de contractes de la nova LAU (de tres anys i amb més facilitats per a desnonaments exprés) estan produint una hiperinflació dels preus de lloguer, el Casc Antic viu una preocupant expulsió de veïnat popular, ja percebuda pel veïnat a peu de carrer i ara confirmada contundentment per les estadístiques.
Com a tot el districte, al Casc Antic hi ha molt més habitatge de lloguer que a la ciutat en general, i relativament poques llicències de HUT (perquè la concessió de llicències està suspesa des de fa temps). Però és el barri de Ciutat Vella amb més anuncis d’Airbnb (8,3 % del total de la ciutat, 4rt al rànquing, només per darrere de la Dreta de l’Eixample, el Gòtic i la Vila Olímpica), i un 11,8 % del parc de lloguer està dedicat a pisos turístics legals i il·legals. El motiu és la diferència de rendibilitat entre aquests dos usos: al Casc Antic, el lloguer habitacional té una rendibilitat del 2,89 %, mentre que en el cas dels hotels, Apartur o Airbnb arriba fins un 12 %, un 9 i un 6 %, respectivament. En tot cas, una diferència a valorar per inversors i altres especuladors.
Estadístiques que només poden empitjorar tenint en compte que res no sembla capaç de modificar la dinàmica i que els tres hotels en construcció que han esquivat la moratòria d’allotjaments turístics aviat suposaran 520 places turístiques més (Rec Comtal, Marriott a Santa Caterina i Yurbban a Trafalgar).
Un panorama gens positiu, comú a tota la ciutat i més acusat al centre. La sortida de les classes més populars i la seva substitució per població més adinerada o turista flotant és una mala notícia en termes de desigualtat i exclusió. Iniciatives municipals com una regulació dels preus de lloguer, que supera el seu camp competencial, o populars com un molt necessari sindicat de llogateres, difícilment podran tenir eficàcia a curt termini.
L’única opció viable, alhora desesperada i necessària, seria que Ajuntament i Generalitat es decidissin a aplicar la política duta a terme a Metges, 16, en casos similars (o altres, com tantes subhastes «subterrànies» pràcticament sense competència). Davant l’actual escenari de depredació turístico-immobiliària, el rescat o compra pública de sòl sembla l’únic mitjà possible d’evitar l’expulsió de la població menys benestant del Casc Antic.
1 cat.elpais.com/cat/2016/09/15/catalunya/1473942895_494522.html
2 Veg. Masala 71: «Sant Pere Més Baix. Reforma d’un carrer, reforma d’un barri».
El Gòtic
El nucli central de l’actual Ciutat Vella forma part dels desitjos del capital des de finals del segle xix, quan es pensen i perpetren els primers grans urbanicidis. L’obertura de la Via Laietana i, més tard, la destrucció de la plaça Nova i voltants expulsen, sense cap tipus de compensació, més de 10.000 veïns i veïnes dels entorns de la primera muralla. El nom atorgat al centre de la ciutat des d’aleshores, «barri Gòtic», és el colofó de l’estratègia d’atracció de turisme i capitals que les classes benestants hi practiquen i estenen posteriorment a la resta de barris de l’actual Ciutat Vella. Els processos de gentrificació i turistització posteriors i actuals formen part de la mateixa estratègia, de la qual el Gòtic és un cas paradigmàtic.
Amb l’onada turistitzadora provocada per l’arribada dels Jocs Olímpics s’aguditzen les substitucions d’habitatge residencial per hotels, amb la consegüent expulsió de veïnat que això suposa. A principis del 2000, l’aparició dels pisos turístics enceta una nova onada especulativa que s’uneix a l’embat hoteler. I és que, segons dades actuals, llogar un pis per a ús turístic surt unes 5 vegades més rendible que destinar-lo al lloguer habitual.
Les dades i estimacions sobre el parc d’habitatge són alarmants des de fa anys, però els efectes s’han accentuat enormement en els últims cinc. El nombre d’habitatges al Gòtic ha passat de 7.113 el 2007 a 6.461 el 2015. Tenint en compte que l’oferta de pisos turístics sense llicència estan computats com a habitatges al padró, les llars el 2015 podrien ser prop de 600 menys segons les estimacions —cap a 5.800—, i això suposaria que des del 2007 es podrien haver eliminat fins a un 18,5 % de les llars que hi havia aleshores. En consonància, les xifres de població empadronada baixen de 17.687 persones el 2011 a 15.484 el 2015. No és casualitat, doncs, que el patró demogràfic del barri hagi canviat ràpidament els darrers anys, fet que demostra que turistització implica gentrificació. Per primera vegada, la renda mitjana al Gòtic, tradicionalment baixa, arriba als nivells mitjans de la ciutat.
La dinàmica especulativa es reinventa amb noves promocions de pisos de luxe. Finques comprades per especuladors i buidades de veïns proliferen amb rapidesa a la zona del Call, per exemple, on tres immobles reformats recentment han suposat l’eliminació de desenes de pisos del parc d’habitatge. D’altra banda, la moratòria hotelera no ha arribat a temps d’aturar alguns projectes en marxa, el més gran al carrer del Dr. Joaquim Pou, que ha expulsat tot el veïnat de dues finques que sumen més de 40 pisos. En un barri amb el 70 % d’habitatges al parc de lloguer, més que en cap altre punt de la ciutat, l’increment del preu del metre quadrat de lloguer (32 % des del 2014) impossibilita qualsevol opció de llogar un pis o renovar el contracte al veïnat tradicional del barri i accentua, especialment, la fuga de joves.
Paradoxalment, la política d’habitatge social al Gòtic és nul·la. Mentre els llits per a turistes ja superen el nombre d’habitants, no hi ha cap promoció d’habitatge social o públic en marxa. El veïnat s’organitza per resistir l’ofensiva especuladora, com demostra l’acció que el passat setembre va realitzar la plataforma Ciutat Vella No Està en Venda per destapar i denunciar 7 pisos turístics il·legals al Gòtic. Però sense polítiques d’habitatge públic clares, la resistència veïnal no podrà superar el ritme de pressió actual. El barri Gòtic s’enfronta al perill d’esdevenir de nou un paradigma, en aquest cas el de barri sense veïnat.
Notas artículo largo:
1 Martí Abella: Ciutat Vella. El centre històric reviscolat, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2004.
2 Martí Abella, ob. cit.
3 Ajuntament de Barcelona: «Xifres oficials de població. Nombre d’habitants de la ciutat de Barcelona per districtes», 1986: bit.ly/2e1thp6; 1991: bit.ly/2fn69Uj; 1996: bit.ly/2fOGc37.
4 Ajuntament de Barcelona: «Xifres oficials de població. Nombre d’habitants de la ciutat de Barcelona per zones estadístiques», 1986: bit.ly/2eM4uXc; 1991: bit.ly/2feaiJR; 1996: bit.ly/2eM4t5N.
5 Ajuntament de Barcelona: «Nombre d’edificis destinats a habitatge familiar, segons tipus de propietari», 1990: bit.ly/2fc4LmX; 2001: bit.ly/2fqtm8x.
6 Ajuntament de Barcelona: «Preus mitjans de lloguer dels habitatges», 1998-2002: bit.ly/2epqjuP.
7 Ajuntament de Barcelona: «Nombre d’edificis destinats principalment a habitatge familiar, segons any de construcció, últim deceni, per districtes». Cens 2001: bit.ly/2fedkgZ.
8 Responsable de comunicación y promoción de PROCIVESA entre 1988 y 2007.
9 Masala: «Los CIV, una nueva forma de asociacionismo», n.º 23, marzo de 2005.
10 Antón Costas: Llibre blanc de l’habitatge a Barcelona, Ajuntament de Barcelona/Institut Municipal d’Urbanisme, 2006.
11 Masala: «APARTUR se configura como uno de los principales grupos de presión en Ciutat Vella», n.º 48, julio-agosto de 2009.
12 Los dos edificios de las cooperativas sindicales o el de la cooperativa de la Associació de Veïns del Raval (situado en un edificio rehabilitado de la calle de Sant Josep Oriol) apenas pueden contar como reposición de lo destruido.
13 Ajuntament de Barcelona: «Tipologia d’edificis destinats principalment a habitatge familiar segons classe de propietari, per districtes», 2001: bit.ly/2eLqRfr; 2011: bit.ly/2erqB4f.
14 Si bien no existe un registro oficial de edificios dedicados exclusivamente a HUT (Habitatges d’Ús Turístic, por sus siglas en catalán), hemos elaborado una lista a partir del propio registro de la Generalitat, detectando aquellas fincas en las que todas sus viviendas tienen licencia HUT, y comprobando que existen algunos edificios en los que, pese a tener licencia solo para una parte de los pisos, el edificio entero es de oferta turística; la comprobación visual nos ha permitido contrastarlo. La lista incluye los históricos Apartaments Guttemberg, en el Raval sur, y los Mur-Mar de la Rambla.
15 Districte de Ciutat Vella: «Informe de la regidora. Plenari», 20 de octubre de 2016.