Masala
La aprobación del endurecimiento de la ordenanza cívica en materia de prostitución, el 25 de julio, se realizó sin el apoyo de los principales organismos competentes en la cuestión. Los Servicios de Prevención del Ayuntamiento, la Síndica de Greuges de Barcelona, la mayoría de entidades que conforman la Taula Tènica de ABITS (en el marco del Pla per l’Abordatge Integral del Treball Sexual), además de las propias trabajadoras apoyadas por más de cuarenta entidades, colectivos e instituciones, en la campaña de Prostitutas Indignadas, han mostrado una firme oposición a la reforma. La propuesta de Alberto Fernández Díaz hasta ahora sólo cuenta, por tanto, con un aval: el de Alberto Fernández Díaz.
Como novedades en la modificación de la ordenanza se presentan: la prohibición de cualquier actividad relacionada con la prostitución en el espacio público, la supresión del aviso previo como paso necesario antes de la sanción, la priorización de la reinserción laboral de las prostitutas y la persecución a los clientes. Pero, como veremos, los informes en contra de la Síndica de Greuges, Assumpció Vila, y del director de Serveis de Prevenció, Josep M. Lahosa, denuncian que los cambios en la normativa incurren en graves contradicciones y tienden a empeorar la situación de las trabajadoras sexuales.
El cliente, chivo expiatorio
La modificación actual pretende utilizar la línea marcada por el Ayuntamiento de Sevilla en 2009, que priorizaba la penalización al cliente y la oferta de alternativas laborales a las prostitutas, y que quería ser un modelo de políticas abolicionistas. Aunque discutible, la vía sevillana es coherente en una cosa: elimina cualquier sanción a las prostitutas. Algo que, como veremos, tiene poco que ver con la lógica prohibicionista que aplica la ordenanza de Barcelona.
Pese a que se incrementa el diferencial de las multas a los clientes, se mantienen las sanciones a las mujeres. Y, en algunos casos, son mayores respecto a la práctica actual. En concreto, la negociación de servicios sexuales a más de 200 metros de un centro educativo se penalizará con entre 1.000 y 1.200 euros al cliente y entre 100 y 300 euros a la prostituta, una sanción que no existía previamente. Cuando el mismo acto se realice a menos de 200 metros de un centro educativo la sanción será de entre 1.200 y 1.500 al cliente y entre 300 y 750 a la prostituta.
En otra de las supuestas novedades de la modificación de la ordenanza –la supresión del aviso previo como paso necesario antes de la sanción–, el redactado actual tampoco hace distinción alguna entre la trabajadora sexual y el cliente. De la misma manera, en el caso de las sanciones referidas al «sexo en la calle mediante retribución», con una multa de entre 1.500 y 3.000 euros, la modificación de la normativa no distingue entre prostituta y cliente. Sobre esto, Assumpció Vilà aprecia inteligentemente que de la sanción explícita al sexo en la calle bajo retribución «se puede entender como admitida la misma conducta […] siempre que no sea retribuida».
Modelo Barcelona: proteger coaccionando
La prohibición misma colisiona con las acciones de recolocación laboral que se quieren implementar. El director de los Servicios de Prevención alerta de que el veto a la prostitución en la calle «la esconde y la traslada a otras zonas menos visibles y, en consecuencia, con más riesgo de constituir espacios de impunidad y de actividad de redes delictivas», y añade que «dificultará enormemente la posibilidad de contacto con los servicios públicos normalizados».
Por otra parte, la eliminación de la multa a cambio de la realización de los denominados «itinerarios de reinserción» supone una sanción encubierta al estilo de los trabajos forzados, que duplica la coacción en lugar de aligerarla. Una lógica que profundiza en el tratamiento de las prostitutas, que no incurren en delito alguno, como delincuentes.
Sea como sea, las «alternativas» de recolocación laboral ya existían, bajo la denominación de Dispositivos de Recolocación Laboral de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Pero hasta ahora eran una elección voluntaria, con serias dificultades de viabilidad, como indica el Balance 2011 de ABITS: «La situación de crisis y los niveles de paro del 20,3% no hacen nada fácil dar salida a estas demandas».
Además de las dificultades objetivas para que estos itinerarios de inserción tengan un resultado duradero, este documento señala algo más importante aún: un 24% de las mujeres atendidas por el Servicio de Atención de ABITS son inmigrantes sin papeles. En este sentido, la permuta reinserción por multa, en realidad, genera una clara discriminación para las que no están en condiciones burocráticas de acogerse, que es el caso de muchas de las mujeres que ejercen prostitución forzada y situaciones de explotación sexual. Se da así una clasificación y estratificación que elimina, precisamente, a aquellas que están en una situación más vulnerable. De hecho, la Síndica Assumpció Vilà denuncia que ni la ordenanza ni su modificación tienen en consideración «tres ejes básicos de las mujeres que ejercen prostitución en la calle: maternidad, inmigración y pobreza».
La prostitución, moneda de cambio del gobierno municipal
Sin ningún apoyo técnico ni asociativo, sin ningún estudio riguroso detrás, parece que la modificación de la normativa se apoya exclusivamente en el pacto CiU-PP que garantiza la alcaldía de Xavier Trias. Las declaraciones del alcalde sobre «el esclavismo del siglo XXI» se reducen, al final, a una indisimulada compra-venta de servicios en el espacio político, con las trabajadoras sexuales convertidas en una de las monedas de cambio del gobierno municipal.
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