Seis años ya. Tiempos de Ordenanza de Barcelona, de políticas criminalizadoras de la prostitución y de aguantar discursos demagogos del político de turno. Tiempos de excusas y coartadas.
También han sido años de resistencia, de búsqueda de espacios para hacerse oír, un reclamo de derechos ciudadanos que se ha convertido ahora en grito ensordecedor sobre la violencia vivida y la tolerancia social a una «convivencia» pensada desde la exclusión.
Desde inicios de año, la presión sobre las mujeres que ejercen prostitución se ha incrementado, es mayor en toda la ciudad y la presencia policial en los cien metros de la calle Robador es constante. Agentes de la Guàrdia Urbana dedicados en exclusividad a perseguir mujeres. El alcalde ya puede sentirse orgulloso. Suponemos que repartirá medallas, premios a la humillación, a las denuncias arbitrarias, a la intimidación.
El proceso de organización de las trabajadoras del sexo que comenzó hace algunas semanas en el barrio del Raval tiene ese contexto, el de la resistencia de las mujeres frente a la colosal campaña institucional de violencia sistemática y planificada que se hace ya insostenible.
Las dinámicas de este proceso han sido las del barrio, las de toda la vida y van tomando formas políticas colectivas que pueden llegar muy lejos. Son momentos de encuentros entre asociaciones y mujeres en las entrañas de Robador, conversaciones informales a pie de calle, notas sobre un papel y garabatos que dibujan el paso a paso de las estrategias de resistencia.
Así, tejiendo poco a poco, nació la primera convocatoria: una tarde del mes de febrero nos reunimos en el centro cívico Drassanes. Éramos más de cien mujeres y una quincena de comerciantes. Tampoco faltó a la cita la Guàrdia Urbana que dispuso un coche en la esquina y varios agentes uniformados frente a la puerta del centro para que todas supiésemos que estábamos siendo vigiladas. Otra medalla.
En ese encuentro, se oyeron muchas voces de sentido común. Porque su queja no es sólo una protesta, es la exigencia legítima de querer vivir sin violencia. Y una propuesta como primer paso: reunirse con la Síndica de Greuges de Barcelona para ser interlocutoras directas en la denuncia de la pésima aplicación de la Ordenanza.
El objetivo es que el Ajuntament de Barcelona las reconozca como ciudadanas y las escuche. ¿Señor alcalde, será mucho pedir? Ellas creen que es su derecho y somos muchas más las que sabemos que tienen razón.
La reunión en Sindicatura se hizo realidad a principios de marzo. Un espacio de escucha, de cierta comprensión, frente a tantos oídos sordos. Probablemente se abrirá un expediente, queda esperar la evaluación y saber si desde el Ajuntament se toman un poco más en serio sus recomendaciones. Desgraciadamente, no siempre es así; recordemos que la última modificación de la Ordenanza, en agosto de 2012, se realizó sin tener en cuenta su opinión. Cómo hacer frente a tanta soberbia.
Es innegable ya: las mujeres hablan en primera persona, son las protagonistas de la defensa de sus derechos. Este último 8 de marzo ha sido un ejemplo. Los paraguas rojos, símbolo de la lucha contra la violencia hacia las trabajadoras sexuales estuvieron allí, por primera vez; entre cincuenta y sesenta mujeres que ejercen prostitución se hicieron visibles en la manifestación. Ojalá hayan llegado para quedarse. Las alianzas feministas son un espacio aún por construir, el lugar desde donde pensar colectivamente las luchas y resistencias, desde un nosotras inclusivo.
Ni criminales, ni terroristas, ni esclavas, dicen por la calle Robador. Es la respuesta a los discursos que han justificado la sistematización de la violencia, del maltrato constante de las actuaciones de este ayuntamiento, que no reconoce a las mujeres que ejercen prostitución como sujetos políticos legítimos.
Permitámonos pensar lo contrario. Permitámonos confiar, apoyar y compartir este proceso de reivindicación y resistencia como propio. Porque, en realidad, hablamos de derechos, no los suyos o los nuestros, hablamos de derechos humanos.
