A día de hoy la expresión «club cannábico» parece indisociable de conceptos como «boom», «turismo cannábico» o «lucro ilegal». Muy lejos de este cuadro simplificador, a menudo pintado por lo mediático, para muchas personas aquello indisociable es el «activismo», el «consumo responsable» o «el respeto de los derechos y las libertades». Entre estos dos extremos existe un mosaico de realidades diversas, extenso y vivo, que trabaja por ser reconocido, especialmente en la ciudad de Barcelona.
En la actualidad, se estima que hay registrados 165 clubes cannábicos en la ciudad de Barcelona, unos doscientos si se tienen en cuenta aquellos que están en proceso de registro o no registrados, siendo aproximadamente la mitad de los existentes en Cataluña. De estos, una gran mayoría se ubican en Ciutat Vella y un gran número en Gràcia; les siguen en densidad los distritos del Eixample o Sants, y los clubes se van diseminando en todos los barrios, desde Sant Andreu a Sarrià. La imagen mediática que se ha construido sobre estos a lo largo del último lustro pone el foco únicamente en aquellos clubes que se han destapado como negocios de «alto rendimiento», aprovechando una desregulación de lo que algunos consideran «mercado». Y, además, asimila otras entidades con prácticas muy distintas a este modelo. En el momento actual, lo único que une a todos los clubes cannábicos de Barcelona y el resto de Cataluña es que no tienen una regulación específica de su sector, haciendo que se encuentren sometidos a regulaciones urbanísticas dispares, a menudo muy restrictivas, sujetos a inspecciones, por lo general altamente arbitrarias, y siempre en riesgo de ser imputados por algún delito.
En la variedad está el gusto
La realidad es que «existen una gran variedad de clubes sociales de consumo cannábico (CSC) que no se asemejan para nada al modelo de “macroclub”», nos comenta Eric Asensio de la CatFAC (Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya). «Existen tantos como tipos de gestiones asociativas se puedan imaginar», ya que son, en esencia, asociaciones del tercer sector como otras cualquiera.
En Cataluña, encontramos una gran cantidad de CSC que congregan a pequeños grupos de usuarios y usuarias que, sencillamente, pretenden gestionar colectivamente y sin injerencias su (derecho al) autoconsumo. También existen clubes que se han organizado durante mucho tiempo para proporcionar apoyo de calidad a personas usuarias de cannabis medicinal —un servicio terapéutico que el Estado no proporciona—, asumiendo los costes económicos ellos mismos. Y existen también un buen número que trabajan desde la autogestión y la autoorganización colectiva, para el fomento de redes entre personas y entidades, que se constituyen desde una perspectiva fuertemente asociacionista y que dedican muchos esfuerzos a generar cambios políticos. Todos ellos, sin ningún ánimo de lucro.
Entre el urbanismo y la salud pública
Son estas mismas entidades y las dos federaciones existentes (CatFAC y FEDCAC [Federació d’Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya]), las que hace años que trabajan haciendo propuestas específicas y demandan una regulación que no se fundamente en la simple ordenación urbanística, sino en una específica, a partir de criterios de salud, definida de forma participativa y participada, que les permita operar sin estar expuestos a problemas y persecuciones legales.
Si bien el Parlament de Catalunya anuncia hace años que, de un modo u otro, regulará el sector, hasta la fecha sólo ha puesto sobre la mesa de manera firme una resolución no de ley, con fecha de enero de 2015, que plantea los criterios que seguir para que sean los ayuntamientos quienes estipulen normativas. En el caso de Barcelona, dicha norma urbanística, planteada por primera vez en mayo de 2015, fija la distancia mínima y de distribución territorial —la existente entre clubes y entre clubes y centros docentes obligatorios, CAS o equipamientos comunitarios— en 100 metros, en general, y en 150, en cascos antiguos; la superficie máxima del local social en 200 m2; la situación siempre en una planta baja y con acceso independiente a la calle; la existencia de un vestíbulo, o doble puerta, y de un sistema específico de extracción de humos. Además, según la misma resolución parlamentaria, se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y la venta o comercialización de cualquier bien o producto consumible; se establece una limitación horaria de apertura de únicamente ocho horas diarias —con hora de cierre a las 22h; a las 24h, los viernes y sábados— y se limita todo tipo de «publicidad» de las asociaciones o de sus establecimientos, locales o clubes, por parte de los propios miembros, ni a través de carteles, rótulos publicitarios o cualquier otro soporte, en papel o electrónico.
La imagen que se desprende entonces de los clubes —como espacios opacos o misteriosos, poco accesibles, de los que no se conoce qué ocurre en su interior— es resultado no de una voluntad de los y las socias, sino del propio regulador.
Mirar tras las puertas
L’Associació Cannàbica d’Autoconsum Pachamama es un entidad del barrio de Gràcia. Se trata de un club «pequeño», que se compromete a proveerse de un cultivo propio, siempre de exterior y ecológico, y a cultivar de acuerdo con una demanda previamente establecida. Como explica una de sus fundadoras, Patty Amiguet, es además una entidad que se esfuerza por mantener implicadas a todas sus socias, generando actividades permanentemente y estructurándose en comisiones de trabajo, y que se involucra en todos los ámbitos en los diferentes frentes del activismo cannábico —terapéutico, de incidencia política, de creación de redes, de investigación, etc.— y también en el tejido del barrio. A pesar de todo este trabajo, muy poco de él es visible. «Sí hay cosas que podemos hacer —comenta Amiguet respecto a actividades sociales en Gràcia—, pero no podemos decir que las hemos hecho nosotras.»
Estos clubes, afirman desde la CatFAC, realizan actividades de todo tipo para y a petición de sus socios y socias, no solo relacionadas con el mundo cannábico y la reducción de riesgos en el consumo; desde cursos —de idiomas, de cocina, etc.— o talleres —de creación artística, de manualidades, etc.— hasta exposiciones, charlas o coloquios culturales de temáticas muy amplias. «En CatFAC tenemos un catálogo de actividades, por si las asociaciones quieren pedirlas, pero no les hace falta. Ellas mismas generan sus propias actividades, y algunas son impresionantes», relata Asensio.
Dada la situación actual, este tipo de entidad «necesitará de muchos recursos económicos para poder sobrevivir, para ir adaptando los locales según los cambios en las normativas o para enfrentarse a situaciones no contempladas por estas», explica Amiguet. «Así que, a medida que el modelo se va “malregulando” y nos va oprimiendo más, nos perjudica a las más pequeñas, frente a las que disponen de mucho dinero para poder invertir.»
Bajo la lupa
Hace años que Ciutat Vella se dibuja como encarnación de todas las críticas destinadas a los CSC. En el verano de 2014, la Guàrdia Urbana inició, junto con el consistorio, la Operación Sativa; a partir de inspecciones sistematizadas procedieron a cerrar, por los más diversos motivos, 59 clubes en la ciudad, la gran mayoría en este distrito. Como declararía después el entonces Alcalde Trias, al presentar durante el mes de mayo siguiente la primera regulación urbanística propuesta, la intención era cerrar la práctica totalidad de los clubes de la ciudad.
Albert Tió, presidente de la FEDCAC, plantea que los clubes que crecieron mucho, que se hicieron muy visibles, o aquellos que se expusieron mucho en el ámbito activista o político, salieron especialmente perjudicados. «Debates que estaban abiertos, como qué limitaciones hay que marcar, cómo hay que participar, qué significa “crecer mucho” o “qué personas pueden acceder a los clubes”, entre otros muchos temas —nos comenta—, se cortaron por la vía del cierre.»
Airam, entidad de Ciutat Vella de la que formaba parte Tió, congregaba un número elevado de socios y socias y planteaba un proyecto muy amplio, además de la gestión de la dispensación: desde creación de programas para la reducción o abandono del consumo, a la participación en el barrio a través de actividades o la creación de programas sociales y solidarios, colaborando con diferentes asociaciones y entidades, tanto de Barcelona como de fuera de la ciudad. Este club fue cerrado en julio de 2014 y sus seis fundadores se encuentran condenados, imputados o pendientes de juicio. «Por desgracia, si hablamos de CSC, siempre saldrán estos temas, porque a las personas y a los clubes les gustaría participar incluso más de lo que lo están haciendo, pero la situación actual nos merma absolutamente esta capacidad: la gente está preocupada por no mostrarse, para no acabar en prisión», afirma Tió. «Había otras asociaciones que caminaban hacia esta vía en Ciutat Vella, pero también han acabado cerradas. La mayoría de las que procurábamos hacer este trabajo ya no existimos.»
Mirar el dedo y no dónde señala
La existencia de clubes «grandes» (en modelo de negocio), que funcionan de forma similar a un coffeshop, o de «macroclubes» (fruto de la entrada de grandes capitales a los «negocios» cannábicos, a menudo extranjeros o incluso pertenecientes al mercado negro) sigue siendo un hecho. Aunque «estos modelos solo los encontrarás en Barcelona», comenta Tió. Las dos federaciones cannábicas coinciden en señalar que este fenómeno se da casi exclusivamente en la ciudad condal, con un protagonismo especial en Ciutat Vella, y no encuentra réplica en otros municipios de Catalunya. Y es curiosamente el que copa todos los relatos de los medios.
El «boom» de los CSC, entonces, que parece tener como máximo exponente ese «turismo cannábico» tan anunciado por la prensa, no sería fruto de las prácticas de las propias entidades «que se esfuerzan por autoregularse, además, hacia la transparencia», asegura Amiguet, ni siquiera exclusivamente de aquellas que sí han distorsionado el modelo para participar de un lucro económico no legal; «es obvio que estas malas prácticas existen, y perjudican al resto, pero si el regulador no hace nada cuando se lo pides, la responsabilidad es compartida».
Para entender lo que pasa tras las dobles puertas, habría que tener en cuenta también unas tendencias que son más propias del modelo de ciudad imperante en Barcelona que del modelo asociativo. Como comenta Asensio «el cannabis se ha convertido en otro objeto más de consumo en esta Barcelona Walt Disney, como en su momento lo hizo la sangría en la Rambla. A lo mejor, si este modelo de turismo no existiese, tampoco existirían este tipo de clubes».
Bases legales
Los clubes cannábicos se basan en principios legales bastante simples: en España y según el Código Penal y la ley de Seguridad Ciudadana, es legal consumir cualquier tipo de estupefaciente en el ámbito privado; según la jurisprudencia, además, este autoconsumo puede darse de forma compartida. Una asociación cannábica de consumidoras será entonces la organización, en un circuito cerrado de personas, que autogestione colectivamente estos consumos, siempre con base en una previsión.
Para que esta «doctrina del autoconsumo compartido» pueda aplicarse, también según la jurisprudencia, el autoconsumo se producirá en un local cerrado —o oculto a la vista de terceros—, para que no haya trascendencia pública, y siempre por un grupo reducido de personas identificadas, que además ya sean consumidoras.
Asimismo, según resolución parlamentaria, se reconoce su actividad como una reducción de los daños sobre la salud asociados al mercado clandestino y a determinados usos. Esto es un club cannábico.
Federaciones
Alrededor de un 20 % de los Clubes Sociales de Consumo Cannábico (CSC) de Catalunya se encuentran federados en una de las dos entidades de este tipo que existen: la CatFAC (Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya) y la FEDCAC (Federació d’Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya).
Estas dos federaciones trabajan en un plano básico para que los CSC puedan desarrollar su actividad, fomentando códigos de buenas prácticas para guiar su funcionamiento, y conseguir, en un plano más elevado, el cambio de las políticas actuales en materia de drogas, en todos los ámbitos administrativos, entendiendo así los clubes como una oportunidad para establecer estrategias que permitan generar el disfrute de los derechos individuales y la decisión libre de consumir, asumiendo que es posible un consumo responsable y estableciendo un modelo preventivo que apueste por prácticas seguras.
Ejemplos recientes de sus decenas de iniciativas son la firma de un acuerdo de colaboración entre la CatFAC y la UGT para defender la situación de los y las trabajadoras de los locales cannábicos o la campaña conjunta de ambas federaciones «Som el que cultivem».
2001 – Se abre el primer club cannábico, como espacio físico destinado a la dispensación.
2010 – Se inicia un crecimiento, hasta el momento sostenido, exponencial de clubes, diversificándose los modelos de gestión.
2012 – El «Proyecto Rasquera» traslada el debate político sobre los clubes cannábicos a un ámbito más público.
Junio 2014 – Suspensión de permisos de apertura de clubes —consistentes en una comunicación al consistorio— e inicio de una campaña de inspección de los existentes, por parte del Ayuntamiento.
Agosto 2014 – Inicio de la Operación Sativa —efectuada por la Guàrdia Urbana— que implicará 168 inspecciones y el cierre de 59 clubes (hasta el mes de noviembre).
Mayo 2015 – Aprobación por el gobierno de Trias —un mes antes de las elecciones— de un Plan Especial Urbanístico para la ordenación territorial de los clubes y asociaciones cannábicas, que implicaría el cierre de la práctica totalidad de estas —cerca de doscientas— a través de criterios restrictivos de distancia, superficie, ubicación y otros determinantes técnicos.
Mayo 2016 – Aprobación definitiva de un Plan Especial Urbanístico, no retroactivo, en que las entidades ya existentes quedan amnistiadas del cumplimiento de las distancias y podrán seguir con su actividad, adaptándose en el plazo de 18 meses.